De manera lenta y desde luego tardía, muy tardíamente, los Congresos locales han aparecido en el radar de interés del ciudadano común. Qué bueno que así sea, porque éste –el ciudadano común– tiene cada tres años la oportunidad de convertirse en elector de quienes integran dichos órganos legislativos, órganos mucho más importantes de lo que ordinariamente se cree. Por ello es saludable que los votantes estén razonablemente informados de cuanto se hace, discute, aprueba o desaprueba en el seno de las Legislaturas estatales.

Pero tal conocimiento no resulta tarea fácil. En primer lugar porque los medios de comunicación, en general, destinan espacios más bien breves y muy limitados para dar cuenta de lo que sucede en los Congresos locales y de la labor desarrollada por cada uno de sus integrantes.

Sin esa materia prima indispensable que es la información y, desde luego, la información objetiva, oportuna y veraz, resulta de plano muy cuesta arriba evaluar el desempeño de cada legislador en el ejercicio de su encargo. Por fortuna esa evaluación ya se ha iniciado por parte de grupos académicos y de organizaciones cívicas. Es apenas algo incipiente y aún defectuoso. Pero por algo se empieza.

Contra lo que pudiera suponerse, evaluar el desempeño legislativo, tanto de los grupos parlamentarios como de cada uno de los representantes populares que los forman, es tarea relativamente compleja. Pues, ¿cuáles son los elementos del trabajo legislativo que se deben medir, sobre qué bases y cómo se ha de ponderar cada uno de dichos elementos?

Sin que aspirara a ser una evaluación formal, desde hace varias décadas se ha puesto mucha atención en los legisladores faltistas, o bien, en aquellos que frecuentemente llegan a las sesiones, pasan lista de asistencia y proceden a retirarse del recinto parlamentario. Este ausentismo era –y de hecho sigue siendo– práctica habitual en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y por ello objeto de dura crítica al evaluar la labor legislativa. Todo parece indicar que el elevado número de diputados federales y de senadores propicia en mayor medida que éstos falten a las sesiones, pues se advierte que en los Congresos locales –cuyo número de diputados es notoriamente menor– se tiene mayor asistencia a las sesiones del Pleno e igualmente a las reuniones de las comisiones dictaminadoras.

Desde luego que es importante la puntual asistencia de los diputados a las sesiones, así como su permanencia durante todo el tiempo que éstas duren; pero este encomiable cumplimiento no necesariamente hace que quien así actúe sea necesariamente un buen legislador. Tiene que ser estudioso, activo, participativo y tener valor civil.

En términos generales, en los Congresos locales son dos las principales funciones que los diputados desarrollan. Desde luego la función legislativa, es decir, participar en el proceso de expedir, reformar, derogar y de ser el caso abrogar las leyes. Desde luego que se trata de una tarea muy importante.

La otra consiste en la función de control y vigilancia de la administración pública, principalmente a través de dos vías: una, la aprobación de los ingresos que se autorice cobrar a los gobiernos de los municipios y del estado, así como los presupuestos de egresos de este último, y dos: la verdadera rendición de cuentas y la vigilancia de su cabal y estricta revisión, así como en su caso verificar el fincamiento de las responsabilidades que procedan por el mal manejo de los recursos públicos.

En nuestro País, en general, las legislaturas locales han sido omisas o poco eficientes –por decirlo de manera muy comedida– en el cumplimiento de la función mencionada en segundo término. Por ello ha de vérsele –al menos en los tiempos que corren– como la función más importante de los Congresos estatales. Y sobre esta base diseñar un esquema de evaluación del desempeño legislativo.

@jagarciavilla