El sexenio arrancó como se esperaba, pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir de sábado, donde le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara como presidente. Mientras reconocía en San Lázaro a los enviados del presidente Donald Trump a su toma de posesión, dos bombas fueron lanzadas contra el consulado de Estados Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la ejecución del primer periodista de su sexenio. Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, más decenas el lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de tres años en empezar a dar resultados, siempre y cuando sea eficaz. Hasta ahora, no ha sido posible echarla andar en estos primeros días de nueva administración.

Hay factores objetivos, como la implementación de la ley que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que se agregaron funciones de la Secretaría de Gobernación, que requiere de modificaciones constitucionales para que, como lo establece el plan del gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse. Hay subjetivos, como los cambios de último momento que le impusieron al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la Policía Federal, y que terminó en la fase de arranque del sexenio como procurador interino.

Lo más complejo, sin embargo, es la Guardia Nacional, al carecer de una ley para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con un despliegue tímido y limitado, con tres brigadas de infantería la Policía Militar. La Primera Brigada se desplazó a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. La Tercera se encuentra en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más violenta, pero que por la cercanía con la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los medios de comunicación nacionales, su impacto se multiplica.

Esa semilla de la policía nacional que está dispuesto a crear el presidente López Obrador, está coja por cuanto a su arquitectura institucional, y se suma al despliegue de soldados y marinos que no dejaron de patrullar las calles y combatir a la delincuencia al cambio de gobierno. Una reforma constitucional que le de todas las atribuciones que desea, no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional. La Ley, que fue firmada por el expresidente Enrique Peña Nieto casi un año antes, pero que no la aplicó hasta esperar el fallo de la Corte, se aprobó en las cámaras para regular la actuación del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública.

Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena, su partido, se opusieron a esa ley. Sin embargo, tras la elección presidencial, López Obrador rectificó su posición. La explicación del presidente para ese giro radical es que no existe ni la capacidad ni la confianza en las policías federal, estatal y municipal, para hacer esas tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad, vendrá después. Pero el presidente se encuentra en una encrucijada de la cual puede rápidamente salir. ¿Por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por qué no convierte soldados en policías? 

El antecedente se encuentra en 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Zedillo trasladó toda la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Zona Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, al ámbito civil, y más de cinco mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del Cisen con la encomienda de formarla. Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, creada por el presidente Vicente Fox. 

No se puede convertir a civiles en militares, como pretende López Obrador, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un escalafón castrense, bajo una doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una doctrina rectora. La Guardia Nacional que propone el presidente es en el fondo una Policía Nacional con mando único. La puede tener rápidamente, sin tener que ir al Congreso o a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de una controversia constitucional, con militares a cargo de ella. 

Lo que necesita es seguir la ruta de Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan el modelo y los nuevos reclutas, una Guardia Nacional a la medida de lo que necesita el presidente López Obrador, urgido de enfrentar el fenómeno de la violencia, su prioridad número uno en este momento. 


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