En enero de este año el INEGI dio a conocer la cancelación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, de otras 13 encuestas y un censo nacional. El Presidente del INEGI señaló que los recursos asignados para este año resultaban insuficientes.

La primera ENPOL se publicó en 2016 para cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal. El ejercicio corroboró varias afirmaciones de las organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal, como la práctica generalizada de la detención arbitraria y tortura que se presentó en alrededor de 70% de las personas encuestadas, el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra mujeres y jóvenes y el patrón de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas que realizan tareas de seguridad pública.

También permitió visibilizar la calidad deficiente de las investigaciones: gran parte depende de testimonios o de “confesiones”, sin que existan capacidades institucionales para una adecuada investigación del delito y su persecución efectiva. Además, confirmó la discriminación contra personas de bajos recursos, mujeres, jóvenes o integrantes de pueblos de indígenas. Su cancelación los invisibiliza porque impide contar con información y datos actualizados sobre su situación y las causas de las violaciones de derechos, lo que afecta el monitoreo y evaluación de las políticas públicas y las instituciones.

Su cancelación es preocupante y paradójica. Para un Estado el tema presupuestal siempre puede ser una salida fácil para justificar el incumplimiento de obligaciones. La falta de recursos no puede ser una justificación aceptable si las autoridades no buscan alternativas. El INEGI debió valorar alternativas para no cancelar definitivamente las encuestas y generar opciones que permitan contar con la ENPOL, priorizar módulos específicos, adecuar el diseño muestral, la periodicidad o lugares del levantamiento. También es cuestionable que la Junta de Gobierno autorizó incrementos salariares a sus altos mandos antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones. Es contradictorio que se aumenten las remuneraciones y dos meses después se argumente la insuficiencia presupuestaria para realizar las encuestas programadas para este año.

En este escenario, el Instituto de Justicia Procesal Penal presento un juicio de amparo para cuestión la cancelación de la ENPOL, que el INEGI no actuó conforme al uso máximo de recursos disponibles, ni consideró medidas de ajuste para evitar la cancelación. En el fondo hay una discusión más estructural: si es válido que una autoridad argumente falta de recursos para dejar de cumplir con sus obligaciones y hasta qué punto puede ser una justificación cuando se trata de garantizar derechos humanos y cumplir con las obligaciones que impone nuestro sistema jurídico.

La ENPOL es una herramienta importante para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar el acceso a la justicia. Es un instrumento que permite evaluar las políticas públicas y mejorar las prácticas institucionales. Por ello, el Comité contra la Tortura recomendó el mes pasado que el Estado garantice su realización periódica. Las y los ciudadanos deben vigilar que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas y utilizar los mecanismos jurídicos para la defensa de los derechos cuando se desatienden obligaciones fundamentales. La decisión actual está en manos del Poder Judicial Federal.

Simón Hernández León

Consultor del Instituto de Justicia Procesal Penal

@hele_simon

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