La vulnerabilidad del periodista y la libertad de expresión

Justo el día de la celebración de Navidad, el pasado 25 de diciembre, Azam Ahmed, Jefe de la Oficina de México, América Central y el Caribe del “New York Times”, publicó el artículo, “Con su enorme presupuesto de publicidad, el Gobierno mexicano controla los medios de comunicación”, que detalla la dependencia de la prensa mexicana con el gasto en publicidad oficial, y cómo a través de este recurso el mejor postor dicta la agenda mediática, suprime los contenidos desfavorecedores, mejora la imagen de funcionarios públicos y descalifica la reputación de los opositores. Tan sólo en los últimos cinco años, el Gobierno federal gastó 2000 millones de dólares en publicidad, una cifra récord que ha superado a las administraciones anteriores.

En el caso de Coahuila, según el Índice de Información del Ejercicio de Gasto 2017 (IIEG), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2016 fue aprobado un presupuesto para la publicidad oficial de de 528 millones de pesos, pero fueron ejercidos 959 millones de pesos, posicionándolo en el segundo lugar a nivel nacional que más gasta en este rubro. Cabe destacar que en 2015 la entidad obtuvo el cuarto lugar con un presupuesto ejercido de 995 millones de pesos, según el informe de Gastos en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

A este panorama se suma una realidad estremecedora, México es el país, que no está en situación de guerra, más peligroso para ejercer el periodismo; durante este año fueron asesinados 12 periodistas, el mismo número que en Siria, según cifras de Reporteros Sin Fronteras. Y mientras que las muertes generan gran impacto mediático, las agresiones no tienen tanta cobertura pero sí ocurren de manera frecuente.

El informe “Violencia Contra la Prensa en México”, de Article 19, dio a conocer que durante el primer semestre de 2017 se registraron 276 agresiones, las más comunes son la intimidación, amenazas, ataque físico o material, privación de la libertad, acoso y hostigamiento, así como la intervención de comunicaciones.

Los estados donde ocurrieron más agresiones contra la prensa fueron Veracruz y la Ciudad de México con 28 casos, y Coahuila, en tercer lugar, con 26. Por otra parte, nuestra entidad ocupa el primer lugar en violencia contra mujeres periodistas con 10 agresiones documentadas, ésto, ocurrido en el contexto del proceso electoral de Gobernador y Alcaldes.

Otro factor que vulnera la libertad de expresión es la autocensura de los trabajadores de la prensa, primero, por la estricta línea editorial comprometida con la publicidad oficial, y segundo, debido riesgo que representa investigar o publicar información que está fuera de la agenda mediática “aprobada”.

Es urgente mejorar las condiciones laborales de quienes generan la materia prima para el empoderamiento de la ciudadanía y la formación de la opinión pública, comenzando por brindarles salarios dignos, con sus respectivas prestaciones de ley, que estén a la altura de la cantidad de horas trabajadas y la relevancia de los temas a los que dan cobertura; además, se debe lograr la eficacia de los mecanismos de protección a periodistas. En los casos de agresiones también se fragua la corrupción y la impunidad, por lo que es responsabilidad de los sistemas estatales anticorrupción investigar, dar seguimiento, encontrar y castigar a los culpables.

Por otra parte, también es necesaria la regulación en los gastos de publicidad oficial y comunicación social. Apenas el pasado 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso regular el uso de la Publicidad Oficial antes del 30 de abril de 2018, proceso en el que debería ser obligatorio para nuestros legisladores, sino por una cuestión legal al menos ética, asegurar en este tiempo limitado la transparencia a través del acompañamiento de la sociedad civil organizada y de permitir la participación ciudadana, así como el acceso a todas las reuniones y documentos que se generen de éstas, ya sea de manera presencial o por medios electrónicos.

La ciudadanía, desde su propia trinchera, también puede, y debe involucrarse, para evaluar, proponer y colaborar con las autoridades, de modo que la preservación y defensa de la libertad de expresión se conviertan en una demanda constante, pues sin ella, no hay democracia. 

Isabel Ortega
Comunicadora y colaboradora en organismos de la sociedad civil

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