A cada cerdo le llega su San Martín. Luego de permanecer prófugo del Departamento de Justicia estadounidense durante 5 años, 3 meses y 7 días, el martes pasado por fin fue arrestado en México Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila (2011). El eslabón perdido –y ahora encontrado- entre Moreira I y Moreira II.

Con fecha 29 de octubre de 2013 la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado su detención por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que, entre octubre de 2007 y abril de 2008 -siendo él secretario de Finanzas del Estado- transfirió, en complicidad con Javier Villarreal Hernández -su subordinado, entonces subsecretario de Planeación- 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas. Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.

Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Esto es, en sentido estricto, el resumen legal de su caso –sobre el cual circulan muchas imprecisiones en los medios de comunicación- y por el que hasta 20 años de prisión esperaría. El resto son especulaciones y, en todo caso, deseos.

Pero más allá de lo patrimonial conviene recordar un episodio que sucedió en la entidad, relatado en el documento “El Yugo Zeta, Norte de Coahuila 2010-2011”, elaborado por el Colegio de México: del 18 al 22 de marzo de 2011 los municipios de Piedras Negras y Allende sumaron 1451 llamadas al entonces número de emergencia 089. Y no fueron atendidas. El Estado -representado entonces por Torres López- simplemente se desentendió. Dejó a su suerte poblaciones enteras que consecuentemente fueron masacradas.

Eso lo convierte a él, y a los responsables de la seguridad pública, en cómplices por omisión de prestar auxilio. Eran autoridades pero fungieron como testigos mudos.

Por razones de espacio no se pueden relatar aquí las atrocidades consignadas durante su periodo al frente del Poder Ejecutivo, aunque para consulta recomiendo buscar los documentos “En el desamparo (Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010) y Allende, Coahuila (2011)” también del Colegio de México; asimismo “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad” de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París; y finalmente “Control… sobre todo el Estado de Coahuila (un análisis de testimonios en juicios contra los integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas)” de la Clínica de Derechos Humanos adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

De igual forma el expediente CNDH/1/2014/3530/Q/VG, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contiene “evidencias relacionadas con la investigación de violaciones graves a derechos humanos por los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad a dicho evento”.

CORTITA Y AL PIE

Como cualquier persona sujeta a proceso penal, Torres López puede defenderse y solicitar -en este caso- un amparo contra su extradición a Estados Unidos. Lo hizo el 5 de febrero, posterior a su detención, en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (expediente 111/2019).

El próximo 12 de febrero a las 11:05 horas habrá una audiencia incidental (pruebas, alegatos y resolución) que definirá su futuro.

Sin embargo le podría resultar contraproducente la estrategia: que en lugar de sólo ser juzgado por delitos patrimoniales, en Estados Unidos, sea procesado por otros aún más graves, en La Haya, Holanda, a dos años y siete meses de la primera demanda que lo involucra (el 13 de julio de 2016, en la víspera de las precampañas electorales para la gubernatura, Armando Guadiana informó que había denunciado en la Corte Penal Internacional al Gobierno del Estado, así, genéricamente, por delitos de lesa humanidad (ataque sistemático, o generalizado, contra una población civil con conocimiento de dicho ataque). La FIDH hizo lo propio en septiembre de 2017).

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

No es que hagamos leña del árbol caído. No es que alegre la tragedia ajena. Pero hay que tener memoria y que cada palo aguante su vela.

Ni perdón ni olvido.

@luiscarlosplata