El 6 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, como una pauta jurídica para que quienes intervienen en la dinámica de producción y distribución del país integren esfuerzos y sinergia, con el objetivo del crecimiento económico sostenido y lograr el desarrollo nacional.

Con 371 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, el 4 de diciembre de 2014 la “nueva ley” fue aprobada en la Cámara de Diputados; dicho ordenamiento jurídico fue promovido, entre otras personas, por el entonces diputado Adolfo Orive Bellinger (Partido del Trabajo), presidente de la Comisión de Competitividad, en 14 foros previos de participación amplia de la iniciativa privada, sindicatos y académicos. En la minuta de presentación se analizó detalladamente la situación económica del país, indicando que de 1990 a 2012 la productividad tuvo una caída acumulada de -6.9%.

De supuesta observancia obligatoria, con cinco capítulos y 21 artículos, la Ley de referencia convoca a Dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas en el ramo económico y laboral, a organizaciones empresariales, sindicatos de trabajadores y al sector educativo y de investigación, para consensar planes, estrategias y acciones tendientes a incrementar la productividad en el país y a mejorar la distribución de la riqueza.

Se plantea impulsar el Comité Nacional de Productividad (en funciones desde el 23 de mayo de 2013), con políticas y programas transversales, sectoriales y regionales, para generar cadenas productivas que incrementen el valor agregado nacional en la producción, incluidas las micro, pequeñas  y medianas empresas, con apoyos de la banca de desarrollo e involucramiento de las siguientes Dependencias federales: SHCP, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública y el CONACyT.

Pero esta legislación no se ha aplicado. Hoy, la Ley, que “duerme el sueño de los justos”, se tendría que actualizar de acuerdo al T-MEC y precisar formas y métodos de medición de la productividad al interior de las empresas y negocios, asimismo estipular claramente a las Dependencias directas encargadas de la asesoría, seguimiento y calificación de las disposiciones.

Con el nuevo tratado comercial y los retos de la economía nacional, incluida la pandemia, es necesario que el gobierno federal convoque a los sectores laboral, empresarial y académico, para consensar el diseño de una política integral de productividad, que implique impulsar el crecimiento y mejorar la distribución de la riqueza.

Se deben diseñar y aplicar incentivos concretos que incluyan estímulos directos a la productividad de la fuerza de trabajo, además eventuales estímulos fiscales a las empresas, no para reducir las contribuciones hacendarias, sino para incrementar la acumulación de capital y proporcionalmente aumentar la recaudación fiscal. Es necesario analizar, actualizar y aplicar esta Ley para mejorar el desempeño de los sectores productivo y social.

Así, con responsabilidad social y con gobiernos en turno sin corrupción, el Estado posicionar como orientador de la economía e interlocutor entre los sectores, porque la confrontación no es la mejor ruta para lograr el desarrollo integral de la sociedad y de las personas. Esto no es sólo retórica.

Con Miguel de la Madrid en la presidencia, en plena crisis económica, en 1985 se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, para disminuir la inflación, reducir tasas de interés y contener la devaluación del peso, con el compromiso de no elevar precios y salarios; este acuerdo político y económico costó mucho a la sociedad mexicana, pero en buena proporción se lograron los objetivos.

Actualmente en todos los sectores hay quienes apoyan la transformación del país. En otras condiciones, con menos sacrificios, se puede lograr un consenso amplio para potenciar el crecimiento económico y lograr el desarrollo. México lo necesita.