Convencernos de que es un buen negocio el renunciar a ciertas libertades en aras de reforzar nuestra seguridad, ha sido desde hace décadas el pretexto para que nuestros gobiernos se arroguen facultades totalitarias.

Hemos aprendido a vivir con retenes militares en nuestras carreteras, pese a que, hasta donde entiendo, son inconstitucionales, lo mismo que una detención policiaca “de rutina”, es decir, sin un motivo fundado.

De mala o buena gana accedemos y cooperamos con estos operativos porque además, ¿qué objeto tendría el ponerse bravo o plañir por nuestros más elementales derechos ante un uniformado que, si no los desconoce, le significan lo mismo que un enorme plato de nada?

Se llega el punto en el que el peligro deja de ser el maleante cuya captura excusa cualquier acción del Estado, y tenemos que comenzar a cuidarnos del Estado mismo.

Que la delincuencia es real, sin duda. Ello no obsta, sin embargo, para que sea el petate del muerto con que un gobierno justifica sus reiteradas violaciones a nuestras garantías, sus políticas aberrantes y un significativo derroche presupuestario en equipo, armamento y efectivos que, más que aliados de la ley y el orden, constituyen el brazo represor de regímenes absolutistas.

Ante la iniciativa del Gobierno Estatal, encabezado por el espurio Miguel Ángel Riquelme Solís, de colocar una red de cámaras vigilantes con tecnología de reconocimiento facial en todos los municipios de Coahuila, se vuelve obligatorio preguntarnos sobre la relación costo-beneficio de esta implementación que, amén de algunas voces aisladas, no ha encontrado oposición ninguna.

No es la primera vez que los coahuilenses somos acechados por un ojo electrónico diseminado en forma de lentes vigilantes. Ya durante el moreirato se presumió cierta tecnología similar durante los años más violentos que vivimos, en el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico.

No obstante, jamás las cámaras sirvieron para identificar positivamente a los responsables de cualquiera de los miles de delitos y crímenes perpetrados durante esos años.

Sin embargo, y al mismo tiempo, el régimen estatal se fortalecía frente a cualquier adversario o detractor político, consolidando un sistema de inteligencia y espionaje que al día de hoy es secreto a voces. No obstante, en Coahuila, cualquiera con sentido común se protege, sabedor de que el gobierno interviene impunemente líneas telefónicas públicas y privadas.

Los oídos están activos hace mucho, hoy se busca que los ojos digitales puedan ubicarnos en tiempo, lugar y circunstancia.

No faltarán por supuesto quienes desde su simplicidad aduzcan: “yo no tengo nada que ocultar”, o “el que nada debe, nada teme”, vindicando la vigilancia estatal, como si con ésta se garantizara la inhibición de la actividad delincuencial, bajo la falsa premisa de que la vida de los ciudadanos honestos es un libro abierto al que cualquiera puede acceder en el momento en que le venga en gana sin consecuencias.

No obstante, es mucho más complejo que esta visión reduccionista: nuestra información más anodina, en las manos equivocadas, nos vuelve vulnerables, especialmente en un régimen que, como el nuestro, es poco tolerante con la disidencia. El día menos pensado usted se encuentra virtualmente atado y amordazado para hacer cualquier reclamo civil o para acceder a cualquier beneficio, o no califica para un empleo, cargo o como proveedor del gobierno, porque se le identifica como sujeto no grato o no “amistoso” con el régimen.

Ya en lo colectivo, la acumulación masiva e irrestricta de nuestra información y patrones de comportamiento, cruzada con otras bases de datos como se planea hacer, constituye una aberración que hace palidecer la pesadilla distópica concebida por Orwell en “1984”, con la agravante de que en nuestra realidad, nadie parece conferirle demasiada importancia.

Otorgar esta transparencia sobre nuestras vidas a una entidad tan oscura y discrecional como nuestro gobierno, es propio de las dictaduras y resulta, en el corto o inmediato plazo, mucho más pernicioso que la delincuencia que supuestamente se pretende abatir.

El renunciar a un derecho como la privacidad ni siquiera puede ser motivo de debate. Queda sencillamente fuera de toda discusión. Si el Estado argumenta que es la única manera en que puede garantizarnos seguridad, dicho Estado admite con ello su total incompetencia, en el mejor de los casos. En el peor, estaría fortaleciendo con el poder de la información la peor modalidad del crimen, ese que se perpetra desde las altas y ejecutivas esferas gubernamentales.