La investigación que coordiné sobre los desaparecidos de Allende tiene múltiples hebras. Entre ellas está el papel jugado por los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Terminaba 2015 cuando se acordó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) auspiciaría a El Colegio de México para realizar una investigación académica independiente sobre el trato dado por el Estado a las víctimas de la ejecución de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010) y de los desaparecidos en Allende, Coahuila en 2011. El acuerdo se firmó en marzo de 2016.

El entonces presidente de la CEAV, Jaime Rochín, reconstruyó el proceso y explicó que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, fue el primero en decir que abriría sus acervos. Es altamente probable que ese hecho influyera en la decisión de su hermano Humberto, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, de aprovecharse de lo dicho en una columna mía para demandarme ante tribunales por 10 millones de pesos.

Mis palabras, dice, afectaron su sensibilidad y dañaron su moral. Sostuve, y sostengo, que lo hizo para intimidarme y distraerme de la investigación que me permite asegurar, que aún cuando ya no era Gobernador en el aciago fin de semana de marzo de 2011, durante su gobierno se deterioraron la seguridad y los derechos humanos.

Es decir, en el expediente facilitado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila aparecen testimonios de empleados del municipio asegurando que para 2009, los Zetas ya tenían a la policía de Allende a su favor.

Les costaba 61 mil pesos mensuales tener a su servicio a 20 policías multiusos: servían para levantar condenados y entregarlos a los Zetas, eran los halcones que avisaban del arribo de federales o marinos y al amparo de la noche se encargaban de cobrar las cuotas a cantineros y trabajadoras sexuales.

Familiares de desaparecidos durante el mandato de Humberto también hablaron del poco interés que mostró en sus casos. Ninguna autoridad estatal o federal ha establecido si tuvo alguna responsabilidad.

En suma, se apuntala la afirmación de mi columna de que en el mejor de los casos fue omiso a las violaciones de derechos humanos y es un ejemplo de impunidad.

El otro Moreira, Rubén, se ha mostrado dispuesto a escuchar a las víctimas sin resolverles, aclaro, sus problemas. También ha facilitado la investigación que permite entender mejor el terror que invadió a Coahuila.

Hay quienes dicen que la investigación será utilizada por el político interesado sólo en lavar su imagen. No descarto la hipótesis, pero lo trascendente es que ha dado pruebas concretas de que está dispuesto a reconocer que hay un grave problema de desaparición de personas.

Cuando están en juego derechos humanos es inevitable e indispensable establecer puentes entre sociedad y Estado.

La primera etapa de la investigación deja lecciones pertinentes para otras regiones de México asoladas por la violencia.

En la guerra contra el crimen organizado, el flanco más débil son los gobiernos municipales que han servido de espacio para la consolidación de un Estado paralelo.

Pese a sus enormes diferencias, en Iguala y en la emboscada padecida por el ejército en Culiacán, aparecen una vez más los policías locales sirviendo al Estado paralelo. De ahí se desprende, como segunda enseñanza, el desamparo en el cual viven las víctimas y la sociedad.

Urge una reestructuración a fondo del entramado institucional encargado de proteger nuestros derechos.

Los hermanos Moreira son diferentes. Uno, Rubén, abre sus archivos y está dispuesto a modificar la política hacia las víctimas. El otro, Humberto, sigue haciendo lo posible por obstaculizar lo que hizo y dejó de hacer cuando gobernaba Coahuila. Acaba de reiniciar su ofensiva judicial, porque encontró al juez dispuesto a atender peticiones extravagantes. El litigio será largo.

Entretanto, Rubén Moreira está dispuesto a que la investigación continúe. En los próximos 14 meses y en el centro de ríspidas campañas electorales seguiremos investigando, desde El Colegio de México y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Coahuila, lo que sucedió.

También propondremos ajustes a las políticas de atención a las víctimas de desaparición y a los familiares que no cejan en la búsqueda de los suyos. Esto es lo esencial. La demanda es lo anecdótico.

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Colaboró Maura Roldán Álvarez