Con cuánta satisfacción López Obrador protestaría ante el actual Congreso de la Unión en los mismos términos en que lo hiciera José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, en Palacio Nacional, en el mes de octubre de 1824: “Yo, nombrado presidente de los Estados Unidos mexicanos, juro por Dios y por los santos Evangelios que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes generales de la Federación.”

Remontándonos a lo largo de la historia el propio López Obrador ratificaría los términos de la Constitución de 1836, una Carta Magna centralista y suicida por sus conceptos conservadores, conocida como Las Siete Leyes en la que el Presidente volvía a jurar por Dios y los santos Evangelios con terribles consecuencias para México.

En la actualidad el artículo 87 de la Constitución establece: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

La nación casi nunca demanda nada y cuando demanda finalmente perecen un millón de mexicanos fusilados en paredones improvisados o colgados de los ahuehuetes o de los postes telegráficos. No nos gustan las medias tintas. Podemos tragar todas las toxinas imaginables durante mucho tiempo sin expresar la menor insatisfacción ni malestar en el rostro, o nos matamos entre todos a balazos o con lo que tengamos a nuestro alcance.

Todo lo anterior viene al cuento por la comisión de reiterados actos ilegales del presidente López Obrador, quien desde luego no desempeña ni leal ni patrióticamente su cargo ni tampoco ve por bien y prosperidad de la nación. Basta con analizar el desastre económico, la expansión de la criminalidad y los servicios de salud, entre otros aspectos no menos importantes.

En las últimas semanas AMLO ha desafiado abiertamente las leyes de la República desde el momento en que pretendió rifar el avión presidencial cuando dicha aeronave se encontraba sometida a un arrendamiento financiero y por tanto, el gobierno federal no tenía la libre disposición de dicho bien. Estamos frente a un ilícito impropio no solamente el presidente de un República, sino de la conducta supuestamente ejemplar e inatacable de López Obrador, quien se ha erigido como el líder moral de México, al extremo de estar promoviendo una cartilla moral para estructurar éticamente a los mexicanos. ¡Horror!

AMLO comete un delito de malversación de fondos si dispone de los 2 mil millones pesos propiedad de los trabajadores que cotizan en el Infonavit. Esos recursos deben ser destinados única y exclusivamente a la construcción de casas habitación y en ningún caso, al pago de una deuda de juego, una barbaridad jurídica. Según el Código Penal Federal comete un delito el funcionario público que solicite dinero para sí o para terceros como lo hizo el Presidente al solicitarle a los empresarios recursos para una rifa: “Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa”. ¿Más? AMLO ofreció pagar los premios libres de impuestos, cuando él promovió una ley para impedir la condonación de gravámenes. Una pregunta: ¿Si el donativo no es deducible de impuestos, sí es acumulable para efectos del ISR?

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tiene identificadas 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, siete de dudosa legalidad y cuatro “leyes a modo”. ¿O sea que el Presidente sí puede ignorar la ley sin consecuencia alguna, pero un ciudadano de a pie corre el riesgo de perder su empresa, sus bienes y su libertad sin haber sido oído ni vencido en juicio, por haber comprado un bien cuya factura no cumple, a juicio de la autoridad, con los requisitos fiscales? ¿Ese es el Estado de Derecho prometido...?