‘Masacre de Allende’: ¿se juzgará a responsables?

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales serían los principales responsables del episodio, pero existe la posibilidad de que no puedan ser juzgados en México y se conceda la extradición a EU

De acuerdo con el expediente del proceso penal 11/2017, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales –a quienes se identifica con los sobrenombres de “Z-40” y “Z-42”– serían los principales responsables del episodio conocido como la “masacre de Allende”.

Los dos imputados, quienes actualmente se encuentran detenidos y a la espera de que se resuelvan sendos juicios de extradición a los Estados Unidos, formaron parte de la cúpula de la organización criminal de “los zetas” en Coahuila durante la época en la cual ocurrieron los hechos.

El conocimiento de este expediente penal pareciera indicar que la Fiscalía General de Coahuila “ha resuelto” una parte del fondo de este episodio, al lograr la identificación de quienes habrían ordenado y/o ejecutado el secuestro y asesinato de 23 personas entre el 18 y el 20 de marzo del año 2011.

Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que no estamos aún ante un hecho juzgado, sino sólo ante el contenido de un expediente penal que se encuentra “en estado de suspenso”, debido a que los acusados no están a disposición de las autoridades judiciales de Coahuila, sino de jueces federales.

Incluso existe la posibilidad de que no puedan ser juzgados por los delitos que se les imputan en nuestra entidad, en caso de que se conceda al gobierno de los 
Estados Unidos su extradición, toda vez que en el vecino país del norte se les acusa también de haber cometido una serie de delitos.

Estas circunstancias tendrían que llevar a las autoridades mexicanas –y no sólo a las estatales– a considerar la complejidad de los hechos y plantearse una ruta legal que permita dar prioridad al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Coahuila hace ocho años.

En este sentido conviene insistir en un señalamiento que se ha realizado en forma reiterada a lo largo de los años en que se ha discutido en México el fenómeno de las desapariciones forzadas: frente a episodios de este tipo, el primer compromiso del Estado debe ser averiguar la verdad.

Valdrá la pena por ello que la Fiscalía General de Coahuila –y, eventualmente, otras instancias del Gobierno del Estado– informen sobre las diligencias que hayan realizado a fin de evitar que el expediente, radicado en un juzgado penal de nuestro Estado, termine “en el limbo” si las autoridades federales mexicanas decidieran extraditar a los hermanos Treviño Morales.

Porque si ambos se encuentran detenidos en territorio nacional y el caso que se ha armado en su contra en nuestra entidad es sólido, la conclusión del mismo debería tener prioridad sobre la solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos a fin de que el juicio pueda ser concluido y la verdad legal sea definida.

Y para lograr dicho propósito es indispensable que los gobiernos estatal y federal colaboren y definan una estrategia conjunta. Esperemos que así ocurra para beneficio de las víctimas de este trágico suceso.