El impulso por la movilidad, todo parece indicar, es inherente al espíritu humano y acaso sea esta la razón fundamental por la cual hemos terminado por colonizar el globo entero a partir de nuestro origen común, en África, según han establecido los antropólogos.

En este sentido, todos somos migrantes. O, si se prefiere, todos nos explicamos a partir de la migración de nuestros ancestros. Por ello resulta contradictorio, por decir lo menos, el pronunciarse en contra de quienes, impelidos por razones diversas, encuentran en la migración la respuesta a su compleja realidad presente.

Sin embargo, siendo cierta la afirmación anterior, esta sólo sirve para evidenciar el equívoco en el cual se incurre al adoptar una posición antiinmigrante o, peor aún, cuando se reacciona de manera xenófoba en contra de quienes han tomado la decisión de migrar.

Porque siendo una obligación moral la solidaridad con los migrantes, también lo es la necesidad de preservar el orden en nuestras fronteras y garantizar el respeto a las normas para entrar y salir del País.

No se trata, por supuesto, de plantear la aplicación a rajatabla de la ley, o de asumir la necesidad de utilizar indiscriminadamente la fuerza para hacerla valer, sin importar los resultados de adoptar tales decisiones. Se trata de señalar la necesidad de encontrar el equilibrio entre la solidaridad con los migrantes y el necesario respeto al orden legal.

Me refiero, desde luego, a la forma en la cual la caravana de personas proveniente de Honduras irrumpió en territorio nacional hace una semana, así como a la avalancha de críticas generadas por el despliegue de elementos de la Policía Federal para “contenerles”.

¿Era necesario el despliegue de policías para resguardar la frontera? La pregunta puede contestarse, por igual, de manera afirmativa y negativa. La diferencia entre una y otra postura la define el contexto utilizado para responder al cuestionamiento.

Si sólo se observa el momento justo en el cual la caravana venció, merced a su número, el poder de contención de las rejas, puede contestarse de manera afirmativa al cuestionamiento respecto de la “necesidad” de utilizar cientos de elementos policiales para “defender” nuestra frontera.

Si se abre el lente a través del cual se observan los hechos, el asunto cambia. Y esto es así porque, al ampliar la perspectiva, resulta insoslayable un hecho fundamental: transcurrió al menos una semana entre el momento en el cual la caravana migrante partió de Honduras y la irrupción del contingente en territorio nacional.

El detalle importante respecto de este hecho es, desde luego, la amplísima difusión del fenómeno, es decir, la existencia de información pública de sobra para prever las consecuencias del mismo.

Para decirlo con todas sus letras: el gobierno mexicano tuvo tiempo suficiente 
para definir y desplegar una estrategia “inteligente” con la cual hacer frente a las consecuencias derivadas del arribo de miles de seres humanos a la línea fronteriza con Guatemala, con intenciones explícitas de ingresar al País y continuar su marcha hacia Estados Unidos.

¿Cuál es el tipo de estrategia esperable frente a un fenómeno como este? Exactamente la implementada de forma ulterior y a destiempo: una basada en los principios del derecho internacional humanitario, a partir de lo cuales se atienden las raíces del problema y no solamente sus elementos más visibles.

México tuvo tiempo de prepararse para “defender su frontera” y, al mismo tiempo, ofrecer la solidaridad obligada a quienes, empujados por una realidad indeseable, decidieron arrostrar los riesgos implícitos en el propósito de atravesar medio continente para desafiar las políticas aislacionistas del gobierno de Donald Trump.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha de un programa humanitario para atender a los migrantes centroamericanos localizados en los territorios de Oaxaca y Chiapas. El ofrecimiento incluye la posibilidad de acceder a servicios educativos y de salud, así como a documentos de identidad temporales, en tanto los beneficiarios regularizan su situación migratoria.

Esa debió ser la estrategia desde el principio. Y la afirmación es más válida en la medida en la cual se observa un detalle: entre la irrupción a territorio nacional y el anuncio de la estrategia medió, esencialmente, el mismo número de días transcurridos entre el inicio de la caravana en Honduras y su ingreso desordenado al territorio nacional.

La reacción tardía retrata un alto grado de improvisación en la administración pública federal y deja claro cómo las medidas adoptadas constituyen más una reacción al alud de críticas, generado por la forma en la cual se utilizó la fuerza, y menos una manifestación de convicciones y compromiso reales con el respeto y la garantía de los derechos de los migrantes.

El ingreso de la caravana pudo darse de forma ordenada al territorio nacional. Nuevas caravanas han iniciado la marcha en Centroamérica. Ojalá se haya aprendido la lección.

¡Feliz fin de semana!


@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx