Nos saquearon y nos siguen saqueando. ¿Cuánto tiempo más lo permitiremos?

México es un país con una gran historia minera. En la actualidad se considera que el 70 por ciento del territorio mexicano tiene potencial para el desarrollo de proyectos relacionados con la extracción de minerales. Desafortunadamente, la mayor parte de la riqueza minera de México ha sido saqueada por otros países; dicho saqueo comenzó hace más de 500 años con la invasión de los españoles a nuestro territorio, y en la actualidad se sigue dando con la explotación que realizan empresas nacionales (30 por ciento) y extranjeras (70 por ciento); de estas últimas, dos terceras partes tiene participación canadiense.

Durante los últimos tres sexenios, la minería mexicana registró un crecimiento. Esto fue posible debido a la Ley Minera que se expidió en 1992 —poco antes de terminar el sexenio de Carlos Salinas—, la cual permitió la privatización de la minería con el propósito exclusivo de atraer inversiones mineras extranjeras, otorgando derechos de exploración y explotación por un término de hasta de 50 años.

En las administraciones siguientes se concesionaron: 34.6 millones de hectáreas con Ernesto Zedillo, 24.9 millones con Vicente Fox, 35.5 millones con Felipe Calderón y 9.9 millones con Peña Nieto, que sumadas a las que se habían concesionado anteriormente dan un total de 117.6 millones de hectáreas, que equivalían a más del 50 por ciento de territorio del País (Aristegui, 24 de diciembre de 2019).

Resulta paradójico que la revolución mexicana luchó en contra de caciques y de latifundios por el reparto de la tierra y que los presidentes neoliberales las hayan repartido tan libremente. ¡Nunca nadie reclamó eso!

Durante la administración de Felipe Calderón (2007-2012) el valor de la producción minera ascendió a poco más de 693 mil millones de pesos, de los cuales sólo se pagaron al gobierno por concepto de derechos sobre minería poco más de 15 mil millones de pesos, lo que representó apenas el 2.2 por ciento del total de las utilidades generadas. En 2016, con Peña Nieto, las empresas mineras sólo pagaron el 0.32 por ciento del total de sus ingresos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda (2019), el pago de impuestos de las empresas mineras fluctuó entre 0.0002 a 0.55 por ciento por ciento del total de sus ingresos, siendo la minería la industria esencial que menos aporta al fisco. Es por eso que el sector minero-metalúrgico en nuestro País aporta solamente 2.4 por ciento del PIB (2019) que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y según datos del IMSS genera apenas 0.66 por ciento del empleo nacional.

Lo cierto es que las empresas mineras se hacen cada vez más ricas con el saqueo de los recursos mineros, a la vez que desplazan a miles de campesinos e indígenas de sus comunidades y regiones, despojándolos de sus tierras y convirtiéndolas en páramos, afectando los cuerpos de agua y las cuencas hidrológicas, destruyendo la flora y la fauna así como la cobertura vegetal y han contaminado el agua, y nadie los ha detenido.

No solamente nos han saqueado y destruido nuestras riquezas naturales, sino que han acabado con nuestras tradiciones y valores culturales, han matado, desplazado y lastimado a nuestros campesinos e indígenas, violado sus derechos humanos y han violado nuestra constitución y sus leyes. Esto se puede describir como entrega, saqueo, traición, pérdida de soberanía.

¿Por qué Canadá se coloca como el primer inversionista en México en materia minera con una participación de 74 por ciento del mercado minero mexicano? La respuesta es simple: México es un paraíso fiscal en materia minera, como se demuestra con la siguiente información: el riesgo-país es bajo; hay tranquilidad política; tiene bajas tasas de impuestos y carece de regalías mineras; se permite la participación extranjera en el sector minero en un 100 por ciento (Ley de Inversión Extranjera de 1993); así como la repatriación de capital y además tienen un fuerte apoyo gubernamental, burocrático del sector.

Es pertinente preguntarnos ¿a quién beneficia esta actividad? México no sólo está perdiendo sus propios recursos al cederlos sin mayores trámites, sino que está dejando de cobrar impuestos que son para beneficio del erario público.

Es fundamental y urgente una reforma a la Ley Minera mexicana, en la cual se prevea la consulta de las comunidades indígenas, respetando y haciendo valer sus derechos por encima de los intereses comerciales, que se cumpla con una estricta regulación en materia ambiental, que paguen los correspondientes impuestos federales y estatales y que se reduzca drásticamente el periodo de las concesiones, considerando la renovación de estas de acuerdo al cumplimiento de reglas sociales, ambientales y protocolos legales.

A la pregunta de si se puede recuperar el control de nuestros recursos naturales, podemos responder que es imposible reparar lo que se ha venido destruyendo por tantos años, pero sí se pueden restaurar los ecosistemas deteriorados y detener la pérdida de los hábitats prioritarios y manejar la explotación de los recursos minerales de manera sustentable. Por lo tanto, es ahora o nunca que se restituya el nacionalismo y soberanía a los mexicanos en materia de minería. Eso es lo que esperamos del liderazgo de López Obrador. ¡No nos decepcione, Presidente!

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