‘Panamá Papers’: la reacción del SAT
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El servicio de administración tributaria ofrece a los mexicanos en offshore acogerse a un programa de ‘retorno de inversiones’
Las autoridades fiscales mexicanas han tenido una primera reacción frente al escándalo desatado a partir de la revelación de millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca dedicada a la creación de empresas offshore y en las cuales habrían participado un conjunto de nacionales de nuestro País: les ha ofrecido acogerse a un programa de “retorno de inversiones”.
La propuesta del Servicio de Administración Tributaria, que estará vigente hasta el próximo mes de junio, tendría como consecuencia, según lo dio a conocer ayer el titular de la dependencia, Aristóteles Núñez, evitar el inicio de investigaciones fiscales.
El planteamiento del SAT se trata, sin duda, de una de las respuestas que el Estado Mexicano puede -y debe dar- frente a hechos como el señalado, pues una de las posibles aristas de este escándalo tiene que ver con haber evitado el pago de impuestos.
En ese sentido, sin duda tiene razón el funcionario hacendario al señalar que no es ilegal realizar inversiones fuera del territorio nacional, sino el evitar pagar los impuestos correspondientes a las eventuales ganancias que tales inversiones generen.
Sin embargo, como se ha dicho líneas arriba, la hacendaria es apenas una de las respuestas que el Estado debe ofrecer, pero no es la única. Y no lo es, porque considerar que basta con pagar los impuestos eventualmente eludidos equivale a reconocer de antemano que todos los recursos involucrados en las operaciones que han sido reveladas a través del “papeles de Panamá” tienen un origen legal.
En este sentido, es de esperarse que a partir de la intervención del Servicio de Administración Tributaria en este asunto -pero no solamente del SAT- se inicien investigaciones que conduzcan a esclarecer el origen de los recursos invertidos con asesoría del despacho Mossack Fonseca.
La aparición de nombres de políticos, y de personas vinculados a estos, constituye un elemento suficiente para sospechar que el dinero involucrado en tales operaciones puede tener un origen ilegal, bien sea que provenga de actividades ilegales en sí mismas, bien sea que se trate de “ganancias” obtenidas de forma ilícita a través de contratos gubernamentales.
En este sentido, las autoridades hacendarias deben precisar también cuál es el alcance del ofrecimiento según el cual, si las “inversiones” involucradas en estos casos son devueltas a territorio nacional, no habría investigaciones en contra de los propietarios de los recursos.
Debería entenderse de esta expresión, desde luego, que además de regresar el dinero a México, los dueños de los recursos deben acreditar que los obtuvieron de forma lícita, pues de otra forma podríamos estar hablando de una suerte de “facilitación oficial” para el blanqueo de capitales.
Las autoridades han adelantado que ésta será una investigación larga y nadie debe esperar resultados espectaculares en sólo unas horas. Pero lo que si podemos esperar -y exigir- todos es que al final existan explicaciones completas, razonables y creíbles.
