¿Se ha vuelto más estricto el órgano responsable de analizar los expedientes abiertos contra funcionarios del Poder Judicial? ¿La vigilancia sobre el trabajo de su personal se ha relajado y ello ha dado lugar a un incremento en el número de casos en los que sí se incurrió en una falta?

Uno de los rasgos del Poder Judicial de Coahuila que llaman la atención es que se trata de una de las instituciones públicas más opacas de la entidad. Muy poco puede saberse sobre su actividad, incluso si se tiene la intención de conocer la información de interés público que genera.

En otras palabras, el órgano que encabeza Mirian Cárdenas no solamente informa muy poco de manera proactiva, sino que cuando se le pregunta directamente es difícil dar con los datos que se buscan.

A esta realidad contribuye, sobre todo, el hecho de no contar con un departamento de comunicación social o con una persona responsable de atender a los medios. Cualquier cosa que desee saberse sobre lo que ocurre en dicho poder debe preguntarse directamente a quien lo preside.

Pero con las solicitudes de acceso a la información tampoco se tiene mejor suerte, como lo demuestra el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las quejas interpuestas en contra de funcionarios del Poder Judicial de Coahuila y la forma en que éstas han sido resueltas.

La respuesta formal entregada por la oficina de enlace indica que hasta el 4 de septiembre pasado se habían registrado 88 denuncias en contra de miembros de dicha institución, dando origen a 52 resoluciones, 42 de las cuales han concluido con la determinación de responsabilidad administrativa. De los otros 36 casos nada se sabe.

Lo interesante de la estadística es que durante 2019 se han incrementado de forma notoria los casos en los cuales se concluye la existencia de responsabilidad, pues sumados los cuatro años anteriores sólo se registran 43 casos de responsabilidad, apenas uno más que los de este año.

Y esto ha ocurrido sin que se registre un incremento significativo en el número de denuncias recibidas, pues el promedio mensual de 2018 -cuando se registraron 136 quejas y se impusieron sólo 9 sanciones- es prácticamente el mismo que el de este año.

¿Se ha vuelto más estricto el órgano responsable de analizar los expedientes abiertos contra funcionarios del Poder Judicial? ¿La vigilancia sobre el trabajo de su personal se ha relajado y ello ha dado lugar a un incremento en el número de casos en los que sí se incurrió en una falta?

Otro dato llamativo es el señalamiento de que entre las faltas sancionadas se encuentra el “solicitar dádivas”, así como el “conducirse en contra de preceptos de funciones legales”, lo cual ha dado lugar incluso a destituciones, según se informó.

Sin embargo, el Poder Judicial se abstiene de informar siquiera los cargos de quienes han sido sancionados o destituidos, seguramente a partir de una interpretación conveniente de las normas de acceso a la información, según la cual los ciudadanos no tendríamos derecho a conocer esta información.

Es relevante la estadística, sin duda. Pero también es relevante la información que no se da a conocer, hecho que demuestra lo señalado al principio de este texto: el Poder Judicial de Coahuila destaca, sobre todo, por su opacidad.