Para que la participación social se acreciente debe haber reglas claras y éstas sólo se obedecen si la autoridad es creíble

“Abrir el gobierno a la participación ciudadana” es una frase que ha comenzado a escapar del discurso retórico. Esta premisa se ha comenzado a entender, poco a poco, como un camino real para poder contar con un gobierno e instituciones sólidos y legítimos. Son muchos los ejemplos sobre cómo se ha ido incorporando la sociedad al actuar gubernamental: la representatividad social en órganos colegiados de fiscalización y opinión es una de ellas; los observatorios o defensorías son otras, e incluso, el impulso de proyectos de leyes más justas para todos y todas. La propia expedición de la primera Ley Federal de Transparencia surgió gracias al interés de grupos de la sociedad civil organizada y periodistas para que se pudieran rendir mejores cuentas al respecto del gasto público.

Pero para que la participación social se acreciente debe haber reglas claras y las reglas sólo se pueden obedecer si la autoridad tiene credibilidad. Así que es urgente salir de ese ciclo negativo. En la publicación “La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético”, la cual retoma los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, se observa que 92% de los encuestados considera que hay corrupción en México. Entre los jóvenes se recrudece más la percepción y también se observa lo mismo entre más estudios se tengan. 

Otro hallazgo relevante que muestra la encuesta coordinada por la UNAM y que forma parte de la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos” señala que “la percepción generalizada es que la corrupción es un problema ajeno, del gobierno, de los otros”. 86.9% de los encuestados señaló que acabar con la corrupción era responsabilidad del gobierno. O visto de otra manera, cuando se les preguntó de 1 a 10 qué tanto respetan las leyes, los encuestados se autocalifican con un promedio de 7.84, mientras que al resto de la población le asignan un 5.65. En cualquier de estos casos, el problema es de otros, no tanto de uno. 

Lo anterior lleva al más pesimista de los hallazgos del ejercicio de recopilación de opinión: la idea compartida de que la corrupción en nuestro país es un asunto irremediable. Desde luego, existen factores que han contribuido a recrudecer esa sensación: la notoriedad que los medios de comunicación han dado a los temas relacionados, el acceso a la información que la tecnología ha permitido, los estudios más especializados que los académicos han realizado y la impunidad aparente en la que algunas instancias públicas dejan a quienes son sorprendidos en actos de corrupción. 

Pero he aquí lo fundamental, a pesar de ese 92% que afirma que en México hay corrupción, cuando a los encuestados se les preguntó si durante el último año se habían visto afectados por un acto de corrupción, sólo 26.8% dijo que sí. Esto no niega que la corrupción existe, sólo muestra la fuerte diferencia entre experiencia y percepción. 

No hemos alcanzado el punto en el cual nuestras leyes estén rebasadas; tampoco debemos creer que la percepción ciudadana acerca del problema no tenga marcha atrás. Por el contrario, si la conciencia ciudadana acerca de lo interrelacionado que está la corrupción en nuestras decisiones y nuestro actuar cotidianos se incrementa, si empezamos a notar y a exigir esos espacios en los cuales la participación ciudadana es necesaria para otorgar credibilidad y legitimidad a las instituciones, si comenzamos todos juntos el tránsito real hacia una democracia más participativa, comenzaremos a ver cambios, a ver que aún hay solución. 

Twitter: @XimenaPuente