A la vista de los casos registrados, en que un expolicía termina en las filas de la delincuencia, parece sensato que se realice un proceso de seguimiento contra la prevención del fenómeno

 


Pocas noticias resultan más desalentadoras para la sociedad que enterarse que un delito –sea grave o no– fue cometido por un exintegrante de los cuerpos de seguridad, es decir, por una persona teóricamente dedicada a garantizar nuestra seguridad.

Noticias como esta no solamente contribuyen a disminuir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, sino que nos hacen dudar que realmente exista remedio para los problemas de inseguridad que nos aquejan.

La desconfianza, la decepción y el desánimo se incrementan conforme los casos se acumulan, tal como ocurrió ayer cuando se dio a conocer que en dos casos de secuestro y robo estarían involucrados al menos tres exintegrantes de cuerpos policiales en la entidad.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dos de los presuntos perpetradores –uno por cada caso– han sido ya detenidos e identificados como expolicías. En las próximas horas la Fiscalía deberá proceder a realizar las imputaciones respectivas a fin de que inicie el juicio penal correspondiente.

La confirmación de que los detenidos son exagentes policiales obliga a preguntar –una vez más– si estamos ante hechos aislados o frente a una conducta más o menos generalizada que retrataría a los cuerpos de seguridad pública como “canteras del crimen”.

Porque frente a los hechos debe cuestionarse necesariamente qué conduce a un individuo que, en primera instancia, decidió formar parte de una corporación de seguridad, a “cruzar la línea” e incorporarse a las filas de la criminalidad.

¿Los casos revelados indican que los procesos de selección en los cuerpos policiales son deficientes? ¿Se está permitiendo la incorporación, a las filas de las policías, a individuos carentes de los resortes morales y la integridad necesarios para asumir su rol como garantes de la seguridad colectiva?

Mención aparte merece el hecho de que los expolicías incorporados a las filas de la delincuencia revisten una peligrosidad adicional para los ciudadanos debido al entrenamiento recibido, así como al conocimiento que tienen sobre los procedimientos policiales.

Como se sabe, los mecanismos de control que se han venido estableciendo en el sistema nacional de seguridad implican, entre otras cosas, el despido por regla de quienes no superan los exámenes respectivos. Y aquí cabe un cuestionamiento adicional: ¿existe un proceso de seguimiento para quienes dejan de formar parte de los cuerpos de seguridad?

Porque a la vista de los casos registrados, en que un expolicía termina alineando en las filas de la delincuencia, parece sensato –por decir lo menos– que se realice un proceso de seguimiento que funcione como mecanismo de prevención para el fenómeno.

En general, lo que resulta inaceptable es que quienes reciben entrenamiento y capacitación para proteger a los ciudadanos terminen convirtiéndose en enemigos de la sociedad, lo cual implica que utilicen las habilidades adquiridas con cargo a los contribuyentes en contra de quienes pagaron por ello.