Una visión de Estado orientador, promotor y regulador de la economía plantea la necesidad de una estructura fiscal sólida, que recaude eficientemente y redistribuya la riqueza a través de transferencias efectivas a la sociedad (pensiones, becas, programas sociales, servicios primarios, etc.), con impuestos progresivos, sin evasión ni elusión, asimismo con gasto eficiente y efectivo. Esto en contraposición a la perspectiva de que el mercado supuestamente asigna eficientemente los recursos a todos los sectores económicos: empresas, familias, gobierno y sector externo.

Sin inversión directa no hay crecimiento y deben existir los incentivos para que la iniciativa privada arriesgue capital con la expectativa de obtener ganancias y genere empleos de calidad. 

Por tanto, es necesario ampliar el presupuesto de inversión pública en infraestructura productiva: primero para contratar capital privado en construcción y servicios, e inclusive en posible coinversión; y segundo para fijar las condiciones necesarias para la inversión directa. Esta política económica industrial no debe pasar por alto la necesidad de mantener tradiciones e historia de las comunidades cercanas, así como preservar el medio ambiente.

Para dinamizar la economía es de vital importancia la reducción de las tasas de interés crediticias de la banca en México (tasas activas en promedio 22% a empresas, 40% al consumo y 12% hipotecario), así como disminuir comisiones por intermediación financiera, pero como la reforma financiera no logró este objetivo, se requiere de un acuerdo político entre el nuevo gobierno y la Asociación de Bancos de México, para rediseñar una política económica financiera, que incluya lo anterior, pero además  la operación eficiente de la banca de desarrollo o gubernamental, para financiar actividades preferentes de acuerdo a la vocación productiva de las regiones del país y a la planificación sectorial en éstas, en correspondencia con la política industrial.  Asimismo, incluir la posibilidad de reestructuración financiera de la estratosférica deuda federal (más de 10 billones de pesos).

Para lograr el desarrollo se requiere, a la par que avanza la economía, que se canalicen los frutos del crecimiento, de tal manera que haya una correspondencia de demanda agregada con la oferta en permanente ascenso, elevando paulatinamente el nivel de ingreso.  Lo anterior se puede lograr con visión de futuro –no de corto plazo- y acuerdos responsables entre capital-trabajo y gobierno-burocracia.

A nivel mundial, la reducción histórica, absoluta y proporcional del ingreso agregado es resultado natural de la competencia capitalista, esto es la reducción de costos de producción para precios competitivos, lo que ha debilitado la demanda agregada y por tanto el crecimiento económico a nivel mundial (aparte de las distorsiones financieras y políticas actuales). 

En México hay consenso entre los sectores político, empresarial, sindical y académico de la necesidad de incrementar el salario para dinamizar el mercado interno, en todo caso la discusión se centra en el ritmo de dicho crecimiento y los plazos para lograrlo, y es ahí precisamente la necesidad de una política económica laboral convocada por el Estado, para lograr compromisos de ganar-ganar. Este es uno de los factores para acrecentar el producto interno bruto de 2.3 promedio a cuatro puntos.

La productividad, que garantiza competitividad interna y externa, pasa por la innovación y la capacitación, por tanto se debe fortalecer la interrelación efectiva de sectores productivos con centros de investigación científica e instituciones de educación técnica y superior, es decir una política económica de ciencia y tecnología en coordinación con las políticas económicas laboral, industrial y financiera.

Por otra parte, la política económica energética puede ser base del impulso económico, con más inversión en la línea de producción y distribución de petróleo y energía eléctrica, para reducir costos empresariales de energéticos, en producción y comercialización.

Como ha sucedido en otros países (China, Rusia, Vietnam, Corea del Norte, Bolivia, Chile), el equipo económico del próximo gobierno federal deberá hacer acopio de talento político y capacidad negociadora, para convocar a los sectores productivos e instrumentar coordinadamente estrategias de una efectiva política económica integral. El País lo requiere.