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“La sentencia puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, en particular por el monto exorbitante que se le ordena pagar a un académico y periodista,” afirmó Jan Jarab, Representante en México de ONU-DH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (ONU-DH), manifestó su preocupación ante la sentencia que dio la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a favor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, donde expide que “por afectación al honor”, el periodista y académico Sergio Aguayo deberá pagarle una cantidad de 10 millones de pesos.

A través de una comunicación a la prensa, el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, pronunció que la sentencia que expidieron los magistrados del Tribunal podía silenciar a los comunicadores en sus señalamientos sobre el comportamiento de la función pública y sus posibles responsabilidades en violaciones a los derechos humanos, debilitando así la rendición de cuentas en el país.

“La sentencia puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, en particular por el monto exorbitante que se le ordena pagar a un académico y periodista,” afirmó Jan Jarab, Representante en México de ONU-DH.

Además, la ONU-DH manifestó su particular preocupación de que el exmandatario haya demandado al periodista, por su afirmación de que en su gestión, Humberto Moreira haya sido por lo menos omiso, de graves violaciones a los derechos humanos perpetuadas durante su gestión.

“La llamada “protección del honor” de destacadas personalidades contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general, cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite – incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos,” destacó Jan Jarab.

En ese sentido, la oficina dijo no perder de vista, que esta sentencia de la Sexta Sala, se suma a una lista de demandas y sentencias por daño al honor y reputación, que han sido promovidas contra otras voces críticas, y por ende, llamó a las autoridades federales y estatales para revisar la legislación en la materia de protección al honor, para que esta vaya acorde a los estándares internacionales, con el objeto de proteger la libertad de expresión y de que la opinión crítica no se emita bajo censura.

“Los estándares internacionales son claros y determinan que los procedimientos civiles deben incluir criterios que impidan que la protección al honor y reputación, bienes tutelados por los sistemas regional y universal de derechos humanos, se vuelva una herramienta de censura a quienes investigan e informan sobre las conductas de servidores públicos,” expresó Jan Jarab.