Presupuesto 2020. En Coahuila, austeridad por decreto

La primera lección que se aprende cuando se estudia economía, es que los recursos siempre son escasos, es decir, que jamás se cuenta con el dinero suficiente -ni con otro tipo de recursos- para hacer todo aquello que se desea.

Pero la escasez, que es una realidad permanente, puede volverse más o menos grave independientemente del volumen de recursos disponibles. La política, por ejemplo, puede influir de forma relevante en la disponibilidad o disminución “natural” de los recursos.

Eso es justamente lo que ocurrirá en Coahuila durante el próximo año, cuando su presupuesto de egresos sufra una drástica disminución debido, esencialmente, a decisiones políticas que han sido tomadas desde fuera del territorio estatal.

Hasta el momento sólo se conocen estimaciones, pero estas son lo suficientemente precisas como para adelantar que nuestra entidad contará con alrededor de 1 mil millones de pesos menos el año próximo, lo cual obligará a realizar importantes ajustes al gasto.

Dicho en otras palabras, el Gobierno de Coahuila será “obligado” a ingresar en un proceso de máxima austeridad que implicará, sobre todo, identificar las áreas en las cuales el gasto deberá reducirse, o incluso desaparecer, simple y sencillamente porque no pueden fondearse más.

En este sentido es importante advertir desde ahora que la única solución aceptable es que la disminución presupuestal del año próximo sea absorbida íntegramente a través de la disminución del gasto corriente, es decir, que se evite caer en la tentación de incrementar la deuda para fondear el presupuesto del próximo ejercicio fiscal.

¿Por qué? La respuesta es obvia: porque nuestra entidad ya se encuentra suficientemente endeudada como para incrementar aún más el costo financiero que implica pedir prestado.

Además, por regla general el servicio público tiende a la obesidad, es decir, a incrementar el gasto corriente mediante la contratación de personal o de servicios innecesarios -porque no representan ningún beneficio para la ciudadanía-, así como a través del uso ineficiente de sus recursos.

Por ello, el 2020 constituye una oportunidad para que la administración pública estatal -y la de los municipios- demuestren que son capaces de administrar con sabiduría los recursos a su disposición y con ello hagan frente a la crítica que indirectamente les es lanzada todos los días desde Palacio Nacional, en el sentido de que no existe un problema de falta de dinero, sino de dispendio y mala administración.

Al mismo tiempo, desde luego, debe desarrollarse una estrategia que implique demandar mayores recursos para la entidad, no solamente porque Coahuila “los merece”, sino porque en justicia le pertenecen.

Pero existe una diferencia muy grande entre mantener un reclamo por mayores recursos, demostrando que se administran bien los que se tienen, y simplemente exigir más dinero que la ciudadanía no ve traducirse en una mejor atención a sus demandas.