Promover el empleo: ¿cómo y a qué costos?

Pocas voces podrían estar en desacuerdo en que una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno -del orden que sea- es la de diseñar e instrumentar políticas tendientes a promover el crecimiento económico y, por ende, la creación de empleos. Sin embargo, también pocas voces podrían estar en desacuerdo en que la creación de empleos no se trata solamente de que surjan nuevas fuentes de trabajo.

Y es que la creación de empleos no es -no debe ser- un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar una meta mucho más importante: contribuir a la generación y distribución más justa de la riqueza colectiva.

En ese sentido, concentrarnos solamente en el número de empleos creados durante un determinado período, si bien no es un error, podría hacernos perder de vista aristas importantes relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales.

¿Qué tan eficaz y eficiente es un gobierno en el proceso de promover la generación de nuevas fuentes de trabajo? Para responder a tal pregunta es necesario, por supuesto, voltear a ver las cifras de empleos creados en un determinado período y compararla contra la de períodos precedentes. Si la tendencia de tal indicador es a la alza, sin duda estamos en la presencia -al menos en teoría- de políticas públicas eficaces.

Pero no es solamente el indicador del número de empleos generados el que debemos voltear a ver. Además de ello, es necesario tener claro el costo fiscal que la promoción de nuevos empleos supone. El sacrificio fiscal que el sector público hace, dividido entre el número de empleos creados, constituye un cociente que mide, al menos en una de sus dimensiones, la eficiencia de las políticas públicas del rubro.

Existen formas más sofisticadas -pero más importantes en términos sociales- de medir el éxito gubernamental en materia de promoción del empleo. Por ejemplo, debe interesarnos que la promoción económica se traduzca en el incremento en el salario promedio que reciben las personas que acceden a los nuevos puestos de trabajo; el que la instalación de empresas con elevados rendimientos anuales se traduzca en una considerable derrama económica vía la participación de utilidades, o que no sean solamente los puestos de la base de la pirámide salarial los que ocupen nuestros conciudadanos, sino que también tengan acceso a la alta dirección.

Todos estos elementos deberían formar parte del análisis integral que se realice al abordar la discusión de qué tan exitosas son realmente las políticas de promoción económica que se traduce en la llegada de inversiones productivas y, por ende, en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Medir el progreso sólo en términos del número de nuevos puestos de trabajo puede ser no solamente una estrategia equivocada, sino incluso engañosa pues al final, aún cuando se tengan más puestos de trabajo y ello sirva para abatir el desempleo, no necesariamente se estaría resolviendo el problema principal de la mayor parte de la población del País: que su ingreso ordinario le sirva sólo para sobrevivir.