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Actualmente la información de los usuarios está en el buró por 72 meses; sin embargo, los diputados buscan que se reduzca a unos 12 meses.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analiza la iniciativa de reformas a los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de que conserven los historiales de personas físicas por un periodo no mayor a 12 meses, y 24 en caso de personas morales, y no por 72 meses.

El legislador Jorge Alcibíades García, de Movimiento Ciudadano, explicó que esas sociedades recopilan, manejan y entregan o envían información sobre el historial crediticio de personas físicas y morales, para que se les apruebe o niegue un crédito, y se han convertido en un freno para su otorgamiento.

Añadió que esto suele ocurrir cuando un usuario, por alguna circunstancia, muestra un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones; es reportado como no sujeto de crédito, más allá de que haya solventado sus pagos o regularizado su situación, porque el buró retiene la información por 72 meses.

Consideró excesiva esa situación e inadecuado que dicho plazo se aplique indistintamente a personas físicas y morales, porque atenta contra la posibilidad de acceder a créditos, al negársele adquirir tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios o para obtener un automóvil o cualquier tipo de bienes.

García Lara detalló que respecto a las personas morales, y particularmente las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), resulta un serio problema, si se toma en cuenta que “en México, las pequeñas y medianas empresas son agentes productivos clave para el crecimiento y desarrollo económico”.

Agregó que más de 50 por ciento del Producto Interno Bruto se constituye por lo que éstas generan.

En cuanto a la necesidad de disminuir a 24 meses el plazo del buró para las personas morales, argumentó que los montos de sus créditos son más altos que los de las personas físicas, y con ello evitar que caigan en una situación de mínima o de nula inversión para proyectos productivos, lo cual disminuye la generación de empleos y consumo.

De aprobarse esta iniciativa se lograría dar mayor dinamismo a la economía, pues al contar con empresas con mayor solidez financiera, impactará en mayores niveles de productividad y un abaratamiento en la oferta de sus productos.

También se evitaría la proliferación de fraudes que se comenten ofreciendo servicios para borrar el historial del Buró de Crédito, puntualizó.