Proteger a los alertadores
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Existe una estrecha relación entre la corrupción, la impunidad, las catástrofes y las crisis ambientales. Por ejemplo: la explotación de minas, el excesivo consumo de agua del sector agroindustrial y la degradación de la diversidad biológica y ambiental de las reservas naturales han dejado consecuencias hasta ahora irreparables para Coahuila.
El desastre de la mina operada por Grupo México en Pasta de Conchos, Nueva Rosita, que costó la vida de 65 personas; la opacidad en el manejo de pozos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que propicia condiciones para la corrupción y pone en riesgo la disponibilidad del recurso, y el saqueo de materiales pétreos y contaminación provocada por el interés económico en el río San Rodrigo son una muestra de cómo la falta de regulación, la aplicación discrecional de las leyes y la negligencia terminan con vidas humanas y destruyen recursos naturales.
En días pasados, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la creación de una plataforma digital llamada Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, un sistema para la recepción de denuncias y evidencias de actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual de servidores públicos del País, basado en el software GlobaLeaks, el cual es gratuito, de código abierto y diseñado para permitir denuncias anónimas.
La puesta en marcha de esa plataforma fue calificada por organismos civiles como “positiva”, sin embargo, han advertido con preocupación que la figura de los informantes, alertadores, denunciantes o filtradores no se encuentra en el marco jurídico mexicano, lo cual pone en riesgo a los llamados whistleblowers (como se les conoce en inglés), pues podrían ser procesados si revelan información relacionada con compañías transnacionales y estatales, según indicó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, en su visita a México en enero de 2017.
Tanto en las entidades como en el ámbito federal no cabe la menor duda de que se deben implementar medidas para frenar la corrupción con un enfoque amplio, que incluya las violaciones a derechos humanos y daños al medio ambiente y no sólo los actos indebidos e ilegales que surjan desde la función pública.
La tecnología es una aliada en los esquemas de denuncia anónima, no obstante, es indispensable que se abra una discusión pública para construir un proceso de incidencia que incluya la voz de la ciudadanía en la creación de una Ley Nacional de Alertadores, justo para que los informadores no queden en una condición de mayor vulnerabilidad.
@nonobarreiro