Recursos extraordinarios, ¿sólo si hay ‘padrinos’?
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Uno de los rasgos indeseables de la vida pública en nuestro país es la politización de rubros de la actividad gubernamental que debieran estar regidos por estrictos criterios técnicos. Un ejemplo de ello es la asignación de “recursos federales extraordinarios” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Como es sabido, cada año se registra un intenso “cabildeo” por parte de gobernadores, presidentes municipales, titulares de órganos autónomos, rectores de universidades y, en general, todo ente público cuyos ingresos dependen de la asignación de una partida presupuestal en el PEF, quienes desfilan por las oficinas legislativas de San Lázaro exponiendo las razones por las cuales deben asignárseles recursos.
En esencia, dicho proceso no puede ser calificado como indeseable pues la interacción con los beneficiarios potenciales de su decisión, puede aportarles a los legisladores elementos importantes para reorientar el gasto público y cumplir así su función de contrapeso al Poder Ejecutivo.
El problema surge, sin embargo, cuando se confeccionan bolsas de recursos que pueden ser asignadas discrecionalmente por los legisladores sin que deba justificarse, así sea de forma mínima, la forma en la cual se ponderan los múltiples proyectos sometidos a su consideración.
En este supuesto justamente se ubica la existencia de una bolsa de “recursos extraordinarios” cuya asignación depende, según se desprende de las afirmaciones de quienes “conocen” del tema, de la “capacidad de convencimiento” que posean quienes deben acudir ante los integrantes de la Cámara de Diputados a cabildear.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la “pérdida”, por tercera ocasión consecutiva, por parte de la administración municipal de Saltillo, de la oportunidad de financiar obras para la ciudad con cargo a dicha bolsa presupuestal.
La explicación ofrecida ante esta circunstancia por el alcalde Isidro López Villarreal pareciera retratar de cuerpo completo el carácter discrecional con el cual se asignan los recursos del referido fondo: no hay coordinación ni disposición, “con algunos diputados priístas de Coahuila”, razón por la cual es necesario “ir a platicar con los diputados de tu partido”.
Independientemente del talento –o la carencia de éste– que tenga una administración municipal, parece claramente indeseable que proyectos relevantes para el desarrollo de las ciudades dependan de la “habilidad política” de los gobernantes, o del “humor” de los legisladores.
Lo ocurrido con Saltillo pareciera decirnos que el ayuntamiento encabezado por Isidro López “no ha tenido el talento” para conseguir recursos extraordinarios. Ésa, sin embargo, no es la única lectura posible, pues también puede concluirse que no los ha conseguido porque no hay, en la Cámara de Diputados, representantes de los saltillenses capaces de empujar lo suficiente a favor de su ciudad.
