Una de las peores sensaciones que millones de mexicanos compartimos durante la larga noche de violencia que cubrió el territorio nacional en los años recientes fue la de sentirnos abandonados a nuestra suerte frente a la criminalidad, debido al abandono de las responsabilidades públicas.

Por complicidad, cobardía, incapacidad o todo junto, las autoridades de todos los órdenes de gobierno se revelaron largamente incapaces de contener la actividad criminal y cumplir con el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Amplios espacios del territorio nacional fueron virtualmente “entregados” por el gobierno a la delincuencia.

Esta sensación regresó ayer cuando, luego de varias horas de silencio e información contradictoria, el Gobierno de la República admitió algo que resulta incomprensible e inadmisible: tras realizar un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, se decidió dejarle en libertad.

Mediante un críptico mensaje, difundido en video a través de Twitter, el secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Alfonso Durazo Montaño, provocó más dudas que certezas pues, tras confirmar que el hijo del Chapo había sido detenido, realizó una acotación confusa:

“Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones…”, dijo Durazo, quien apareció en pantalla acompañado del resto de los integrantes del gabinete de seguridad.

Todavía debieron transcurrir un par de horas antes de que pudiera comprenderse lo que se intuía desde el principio: la “suspensión” de las acciones quería decir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había sido doblegado por la delincuencia obligándole a devolverle al hijo del Chapo.

El mensaje es ominoso: la delincuencia organizada le ha tomado la medida al Gobierno y ha dado con la fórmula para hacer realidad el anuncio que el presidente López Obrador formuló el pasado 30 de enero en una de sus conferencias de prensa matutinas: “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra (con el crimen organizado)”.

En efecto, los hechos de ayer en Culiacán pueden considerarse como el punto final de la guerra contra el crimen que inauguró el expresidente Felipe Calderón y prosiguió su sucesor, Enrique Peña Nieto.

Que una guerra concluya siempre es una buena noticia, porque el estado natural de las sociedades humanas es la paz. Pero la noticia deja de ser buena si, como ocurre en este caso, la victoria se la anotan los criminales, quienes desde anoche festejan ruidosamente en las calles de la capital sinaloense.

El Presidente intentará explicar hoy lo ocurrido y justificar las decisiones que seguramente contaron con su aprobación. No importa qué argumentos use: lo que ocurrió ayer fue una claudicación del Estado frente al crimen.