SEDU, obligada a informar verazmente a la sociedad
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Enterarnos de cuando en cuando que los estudios que ofrece una determinada institución educativa privada –e incluso pública– no cuentan con el reconocimiento oficial que los haga válidos es una hecho insanamente común en nuestro país, debido sobre todo a la permisividad de las autoridades responsables del ramo.
Las denominadas “escuelas patito” abundan en México, ello se debe a que se les permite, a quienes hacen negocio con la educación privada, abrir las puertas de un plantel de forma irregular y posteriormente “regularizar” su situación.
Se trata, a todas luces, de un proceso viciado que no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, pues constituye una forma de fraude en contra de los padres de familia que escogen dichos planteles para la educación de sus hijos, bajo la premisa de que si están operando normalmente debe ser porque toda su documentación está en regla.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la “advertencia” realizada por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU), respecto de la presunta invalidez de los estudios que ofrece la Universidad Autónoma de Durango, plantel privado de reciente instalación en nuestra ciudad.
De acuerdo con Higinio González Calderón, titular de la SEDU, ninguna de las carreras que está ofreciendo el referido plantel cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), es decir, ninguna de esas carreras debería encontrarse abierta ni haber admitido el ingreso de alumnos.
La declaración del Secretario de Educación contrasta, sin embargo, con la de la directora del Campus Saltillo de la Autónoma de Durango, Mirtha Ángela Padrón, quien aun cuando reconoció que el RVOE de algunas carreras como Fisioterapia, Nutrición, Odontología, Medicina General y Psicología se encuentra en trámite, sí tienen documentos expedidos por las autoridades coahuilenses para otras carreras.
No se trata de un asunto menor, y evidentemente alguien está mintiendo en esta historia, circunstancia que sería grave en cualquiera de los casos, pero que adquiere tintes aún más preocupantes si es que la imprecisión en la información se encuentra del lado de la autoridad.
Y es que resultaría muy grave que fuera el Secretario de Educación quien estuviera proporcionando un dato impreciso, porque tal hecho podría interpretarse como un intento de “afectar” a una institución que constituye un competidor de la escuela de la cual él era rector hasta hace unos meses, y en la cual seguiría teniendo intereses.
Por ello, sería de esperarse que a la brevedad el titular de la SEDU no sólo precise la información que ha ventilado públicamente, sino que demuestre su veracidad y tome las medidas necesarias para impedir, en todo caso, que los padres de familia sean estafados.
Porque si una escuela como la Autónoma de Durango opera sin las autorizaciones oficiales, la pregunta obligada es por qué las autoridades permiten que siga abierta.
