Los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos –entre ellos el interamericano– han sido concebidos como última alternativa para que los ciudadanos obtengan justicia cuando las instituciones públicas de su país se revelan ineficaces para cumplir este propósito.

Desde su propia definición, dichos sistemas se plantean como un mecanismo subsidiario que no pretende suplir a los órganos nacionales, ni actuar como una “cuarta instancia” en el proceso de identificar fuentes de violación a los derechos humanos, ofrecer reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de las vulneraciones registradas.

Desde esta perspectiva, el hecho de que los ciudadanos de un país acudan a tales instancias debe ser leído, en primer lugar, como un fracaso institucional interno y acaso como una muestra del escaso compromiso del Estado para remover las fuentes de vulneración a los derechos de sus ciudadanos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al anuncio de la petición iniciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por hechos de corrupción, desaparición forzada y tortura, ocurridos en Coahuila entre el 2009 y 2016, los cuales incluyen los casos de la masacre de Allende y del Penal de Piedras Negras.

La petición ha sido iniciada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) –organización con sede en París y que agrupa 184 organizaciones establecidas en 112 países del mundo– e incluye los 20 casos más emblemáticos registrados en nuestra entidad en el periodo citado.

Sobre la petición, entregada en la sede de la CIDH en Washington, la FIDH ha señalado que “frente a la falta de respuesta sobre la suerte y el paradero de sus seres desaparecidos, así como de investigación diligente y efectiva para llevar ante la justicia a los perpetradores, los familiares de víctimas han decidido acudir ante el Sistema Interamericano”.

No es, como se sabe, la primera ocasión en la cual el Estado mexicano es llevado ante la Comisión, pero sí la primera vez que ello ocurre desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del cargo.

El señalamiento anterior es relevante porque el nuevo Gobierno de la República ha señalado en forma reiterada que tiene un compromiso real con el respeto a los derechos de los ciudadanos, y que tal compromiso constituye una de las características que le diferencia de los gobiernos anteriores.

Esta circunstancia tendría que traducirse en hechos concretos. Y en el caso de las peticiones, elevadas al sistema interamericano de protección de derechos humanos, tendría que traducirse en la disposición del Estado mexicano a garantizar la atención requerida en los casos denunciados, sin necesidad de que se agote el procedimiento ante la CIDH.

En otras palabras, las posiciones discursivas del nuevo Gobierno deberían garantizar que, tal como lo indica la teoría, los ciudadanos no se vean obligados a buscar justicia en las instancias del sistema interamericano, sino que puedan encontrarla en la actuación ordinaria de las autoridades civiles de nuestro País.