Sumar esfuerzos a la vacunación, eso es lo urgente

¿Quiénes deberían contar con autorización para adquirir y aplicar las vacunas contra la COVID-19? La respuesta rápida es: todo el que tenga los recursos para pagarla. Se trata, desde luego, de una respuesta que requiere matices, pero hay una diferencia muy importante entre matizar esta respuesta y usar los matices para justificar una respuesta diferente.

Los matices tienen que ver, por supuesto, con la necesidad de impedir que la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 se convierta en una “mercancía” sujeta solo a las reglas del mercado y eso termine dejándola fuera del alcance de las personas que no pueden pagarla pero tienen derecho a ella.

Puntualizado lo anterior, es posible plantear nuevamente la respuesta de una manera más acotada: en el proceso de adquisición y aplicación de las vacunas anti COVID deben tener derecho a participar, de forma preferente, todas aquellas entidades públicas y privadas dispuestas a formar parte del plan nacional de vacunación universal.

Dicho en otras palabras, si además del Gobierno de la República existen gobiernos estatales y/o municipales, así como fundaciones, organizaciones sin fines de lucro o incluso impresas dispuestas a destinar recursos para adquirir vacunas que serán aplicadas a la población de forma gratuita, no debería existir restricción alguna para ello.

Lo anterior no quiere decir, por cierto, que quienes pretendan adquirirla con fines de comercialización deban ser impedidos de hacerlo. Solamente que las empresas que se ubican en este supuesto tendrían que formarse al final, pues la prioridad en este momento no es -y no lo será por un buen número de meses todavía- la comercialización del producto.

El comentario viene al caso a propósito de la reiteración que ha realizado el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, respecto de la propuesta que existe en diversas entidades, entre ellas la nuestra, de integrar a la administración estatal y la iniciativa privada local al esfuerzo de vacunación.

Diversos empresarios han manifestado interés de invertir recursos en la adquisición del biológico para inmunizar a sus empleados, ha dicho el mandatario, lo cual constituye un elemento crucial para la reactivación de la economía.

No se trata, según se desprende de la propuesta, de “desplazar” a quienes, de acuerdo con el plan de vacunación del Gobierno de la República, han sido definidos como población prioritaria. De lo que se trata es de sumar a esas personas a quienes, teniendo exactamente el mismo derecho que aquellas, se encuentran en la línea de producción que constituye el motor de la economía.

Frente a iniciativas como esta, el Gobierno Federal, que hasta ahora ha monopolizado la adquisición y aplicación de vacunas, lejos de pensar en poner condiciones a dicha posibilidad debería volcarse a remover cualquier obstáculo que impida cristalizarla.

Oponerse a que otros gobiernos y/o entidades privadas sumen recursos y capacidad para avanzar más rápido en el proceso de vacunación de la sociedad lo único que invita a pensar es que se pretende lucrar electoralmente con la monumental desgracia que actualmente padecemos.