Sustentabilidad: ¿a nadie le preocupa?
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El uso racional de los recursos naturales, se ha dicho hasta la saciedad, constituye una variable de la mayor relevancia, no sólo en términos de la calidad de vida a la cual aspiramos, sino incluso en términos de nuestras propias posibilidades de supervivencia.
Proteger, conservar y preservar el medio ambiente representa una responsabilidad que todos debemos asumir así sea sólo por conveniencia, pues de otra forma nos estamos condenando a nosotros mismos.
Y hacer tal significa mucho más que mantener libres de contaminación el agua, el suelo y el aire. Significa también utilizar de forma racional los recursos que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición; es decir, utilizarlos sólo en la medida en la cual se evite su agotamiento.
En latitudes como la nuestra, donde elementos como el agua no abundan -y además deben extraerse del subsuelo por no existir fuentes superficiales de la misma- el uso racional de los recursos se vuelve una variable crítica cuya evolución debe medirse a partir de otras variables: el crecimiento de las zonas urbanas y la proliferación de procesos fabriles que requieran el líquido para desarrollarse.
Por ello, las autoridades -en primer lugar- y los ciudadanos -enseguida- debemos colaborar en forma permanente en el proceso de vigilancia del uso racional del agua.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la disputa que se gesta entre un grupo de productores rurales y el Ayuntamiento de Arteaga debido a una presunta sobreexplotación de los recursos hídricos de dicho municipio.
A decir de los productores, la administración encabezada por Jesús Durán ha venido realizando obras de canalización del agua que conduce el Arroyo de la Boca y ello deriva en una explotación excesiva del afluente, explotación que podría poner en peligro el futuro suministro del agua necesaria para usos agrícolas y consumo humano en la región.
La presunta sobreexplotación se habría dado a partir de la decisión de la administración municipal de autorizar el desarrollo de nuevas zonas urbanas e industriales que requieren de la expedición de certificados de factibilidad en el suministro de agua potable.
Al margen de quién tenga la razón en este diferendo, lo cierto es que la autoridad responsable de vigilar la adecuada explotación y uso del agua; es decir, la Comisión Nacional del Agua tendría que intervenir a fin de garantizar que la voz de alerta de los productores no se convierta en una emergencia en el futuro.
En ese sentido, lo importante aquí no es averiguar quién tiene la razón, sino tener claro que las actuales -o futuras- acciones de la administración municipal de Arteaga no ponen en peligro la viabilidad de las actuales zonas urbanas o la producción agrícola y, en todo caso, disponer las acciones correctivas y remediases que hagan falta.
