Transparencia: aún quedan resistencias por vencer

Han pasado más de tres lustros desde que, en el año 2002 y tras un larguísimo proceso de negociaciones parlamentarias, se aprobó en México la primera norma federal que obligó a las dependencias gubernamentales del País a poner a disposición del ciudadano la información pública.

Cualquiera podría pensar que 17 años serían suficientes para que en nuestro País se consolidara la cultura de la transparencia, y que los servidores públicos asumieran a cabalidad el principio fundamental sobre el cual descansa cualquier legislación sobre la materia en el mundo: la información que se genera en las oficinas gubernamentales es pública por regla, salvo muy contadas excepciones.

Lejos de tal posibilidad, al menos en Coahuila, lo que hemos visto a lo largo de los años es la persistencia de actitudes que pretenden mantener lejos del escrutinio público la información que los ciudadanos tenemos derecho a conocer, recurriendo a pretextos y subterfugios legales diversos.

Un buen ejemplo de esta realidad lo constituye el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las resoluciones emitidas ayer por el Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) para obligar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como al Instituto de Pensiones de Coahuila, a entregar información que les fue solicitada.

En ambos casos, los requerimientos de información formulados por ciudadanos se referían a datos de carácter estadístico que, a estas alturas, todo mundo debería tener claro, deben estar a disposición del público.

Sin embargo, la SSP se negó a entregar la información relativa al número de escoltas que se encuentran en la nómina de la dependencia, así como el detalle del impacto presupuestal que tales elementos representan.

El Instituto de Pensiones, por su parte, se negó a informar el monto de las pensiones que se otorga a los exgobernadores de Coahuila. En ambos casos, las dependencias declararon “reservada” la información y, en el caso de Pensiones, llegó al extremo de argumentar que entregarla implicaría “poner en riesgo” la vida, la salud y la integridad de los exmandatarios locales.

Más allá del acierto del Consejo General del ICAI, de ordenar la entrega de tal información, resulta indispensable cuestionar por qué persiste la vocación por la opacidad en nuestra entidad y por qué se permite que los funcionarios públicos intenten mantener “en lo oscurito” datos que los ciudadanos tenemos derecho a conocer.

Valdría la pena que estos ejemplos sirvan para que el Poder Legislativo de la entidad se plantee la necesidad de ampliar el catalogo de sanciones que pueden aplicarse a los servidores públicos encargados de las unidades de acceso a la información, cuando se obligue innecesariamente a los ciudadanos a controvertir negativas de acceso claramente infundadas.

Porque a estas alturas difícilmente puede creerse que la resistencia a la transparencia proviene de la falta de conocimiento o de una insuficiente capacitación. Claramente se trata de intentos deliberados por ocultar la información y ello invita a sospechar que el intento se debe a que detrás de los datos se encuentran hechos irregulares.