El pasado 18 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que había visitado la colonia penitenciaria de Islas Marías y que al siguiente día informaría sobre el cese de este lugar como centro de privación de libertad, para convertirlo en el centro cultural “Muros de Agua, José Revueltas”.

Hasta ahí todo se ve muy bien, ¿quién no va a querer un centro cultural? Pero entre todo esto es necesario que se tome en cuenta a las personas privadas de la libertad, a quienes de un día para otro les cambiará la vida. 

La colonia penitenciaria de Islas Marías constituía un modelo de semilibertad que contrasta con el régimen de los penales federales donde las personas privadas de libertad pasan hasta 24 horas del día en sus celdas, sin ver la luz del sol, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) hecha por el Inegi, la cual recientemente fue cancelada promoviendo la invisibilidad de esta población. El cambio drástico de condiciones penitenciarias impacta directamente el derecho a la integridad, consagrado en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

Además de esto, el traslado de personas privadas de libertad de Islas Marías y de otros penales estatales a prisiones federales también afecta a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Mexicana, que garantiza a las personas sentenciadas el derecho de compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercamos a su domicilio para favorecer la reinserción social; mientras que en el caso de las personas en prisión preventiva, la LNEP establece en su artículo 49 que deberán cumplir con esta medida cautelar en centros de detención cercanos a donde se está llevando a cabo su proceso.

Otro aspecto que se ha pasado por alto es que los Traslados penitenciarios involuntarios (como lo son en este caso) deben ser autorizados previamente en una audiencia pública por el o la jueza de Control o de Ejecución.

Estas prácticas impactan más en las mujeres privadas de la libertad aumentando el abandono que viven, ya que al ser trasladadas rompen sus redes familiares y comunitarias, lo que las pone en una situación de vulnerabilidad que se agrava en las prisiones de alta seguridad.

Los traslados penitenciarios anunciados por el gobierno entrante son en realidad la continuación de prácticas del régimen pasado, la primera edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) reveló que cerca de un tercio (28 por ciento) de la población penitenciaria en todo el País fue afectada por esta práctica, nada ha cambiado. 

Los discursos oficiales para promover un centro cultural en vez de una prisión romantizan la verdadera situación de violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que serán trasladadas, y de sus familias. 

Ante esto, activistas y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para exigir que se tomen en cuenta la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos al llevarse a cabo traslados penitenciarios. 

DOCUMENTA
Es una organización civil que busca incidir en la construcción de un sistema de justicia incluyente y respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la Ley y de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. 

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