Un año de ajuste, redistribución y estabilidad; pendientes reforma fiscal, seguridad pública y crecimiento

Si en el primer año de gobierno de AMLO el nivel de precios superara el 4.5% anual se estaría anunciando el desastre, lo que impactaría decisivamente en el tipo de cambio; sin embargo, la inflación fue 3.1% anual a mediados de noviembre (la más reducida desde hace tres años) y el tipo de cambio oscila entre 18.70 y 19.60 pesos por dólar (ppd) con apreciación alrededor de 4.5% anual.

Históricamente, en el primer año de gobierno de un sexenio el crecimiento económico se contrae (Ernesto Zedillo en crisis económica fue -66.29%, Vicente Fox en -0.4%, Felipe Calderón 2.29%, Enrique Peña 1.35%), seguramente para verificar las nuevas líneas y perspectivas que genere el reciente poder ejecutivo, sólo que con un gobierno políticamente de centro-izquierda la incertidumbre ha sido más acentuada, sobre todo en la inversión privada nacional, no así la inversión extranjera directa que a septiembre se incrementó en 7.8% respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica por lo menos una mínima confianza externa en el gobierno federal actual.

Por otra parte el consumo ha tenido alzas y bajas, pero no se ha reducido a niveles menores que el año pasado, esto indica dos aspectos: por una parte el efecto de las remesas de paisanos en el extranjero, que al mes de septiembre fueron de 26 mil 980.26 millones de dólares (mmdd), que con tipo de cambio 19.30 ppd la cifra asciende a 52.07 mil mdp);  y las transferencias sociales económicas por parte del gobierno federal a adultos mayores y otros sectores de la población, que rondan los 650 mil mdp.

Con caída anual de 1.2% y 3.2.% en la recaudación de ISR e IVA respectivamente, y aunque no se mencione, tal parece que el subejercicio en el gasto federal (en octubre se ubicó en 155 mil 348 mdp) es ajuste en el gasto corriente, además estrategia para no presionar los precios y, por tanto, otorgar seguridad a los mercados financieros, los que se ven atraídos por la tasa de interés en 7.50% actual al ahorro, así, al mes de octubre la entrada de capitales en cartera sumó 20mil 100 mdd (a octubre reserva de divisas de 180 mil 720 mdd).

Respecto al empleo, a octubre de este año, según el IMSS, 648 mil 59 empleo (de los cuales 80% son empleos permanentes y sin incluir los programas sociales como “Jóvenes construyendo el futuro”, “Sembrando Vida”, entre otros), sin embargo, al mismo mes del año pasado se registraron 937 mil 724 puestos de trabajo formales, es decir -31%. El empleo informal se ubica en 56.3% de la población económicamente activa, sólo 1% menos que el año anterior.

Por otra parte, según Inegi, al tercer trimestre el ingreso laboral tuvo un crecimiento de 3.2% anual, la población con ingreso laboral inferior a la canasta básica disminuyó 0.8% y el monto salarial (remuneraciones totales de las personas ocupadas) creció 6% anual -por el incremento al salario mínimo en 16.2%-. No obstante, según la Comisión Económica para América Latina, el nivel de pobreza aún tiene una reducción marginal y continúa en 41.9% de la población (en el 2018 eran 52.4 millones de personas en esa condición).

Aún que en este año en que se prevé una inyección de recursos de 66 mil millones de pesos y en 2020-2021 será de 141 mil millones de pesos a Pemex, las calificadoras internacionales y los “especialistas” no han dejado de afirmar que dicha paraestatal está en quiebra técnica (calificación que en peor situación de años anteriores dieron a conocer ¿por qué?). El objetivo, según el gobierno federal, es que en cuatro años Pemex incremente la producción de crudo y de derivados en refinerías (con la construcción de una de éstas y rehabilitación de las seis actuales), para que sus utilidades se destinen a programas sociales.

Se presentó el Plan Nacional de Infraestructura tendrá un monto de 859 mil millones de pesos en cinco años, con 147 proyectos prioritarios; la Secretaría de Hacienda anunció que, para dinamizar la economía, el próximo año el gasto en infraestructura se ejercerá desde el mes de febrero.

Pendiente está la reforma fiscal necesaria para hacer más eficiente la recaudación e impulsar el crecimiento económico, con certidumbre para la inversión privada y generar riqueza u su redistribución, con gasto público eficiente, seguridad pública -otro pendiente primordial de la administración federal- y política industrial efectiva.