Roberto Garduño y Enrique Méndez La Jornada
Cd. de México.- A pesar de las críticas del sector empresarial y de la presión que ejerció la Secretaría de Hacienda con el argumento de que habría una fuga de inversiones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el paquete de proyectos de dictamen con la reforma fiscal que considera una tasa de 16 por ciento para el primer año de la reaplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).
También a pesar de la rebelión interna en el PRI y el PAN, la comisión presentó un proyecto de reforma a las leyes de Coordinación Fiscal y del IEPS, para aplicar una tasa adicional de 5.5 por ciento al precio de venta final de gasolinas y diesel, sólo que esos recursos no se aplicarían para inversión, sino al pago de deuda y a compensar las pérdidas en participaciones de los estados y municipios.

Como han negociado las bancadas del tricolor y del PRD, quedarán exentos del pago del IETU -los legisladores modificaron el nombre original propuesto por Felipe Calderón- el pago de salarios, prestaciones y las aportaciones de seguridad social, así como los donativos a organizaciones sin fines de lucro, aunque se establecerá un límite a estas operaciones hasta por 7 por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Como parte del paquete de modificaciones, la comisión incluyó reformas a las leyes de Presupuesto y Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer lineamientos que permitan a la Cámara de Diputados establecer un control periódico del ejercicio del gasto gubernamental, obligar al Ejecutivo a analizar un diagnóstico sobre las delegaciones relacionadas con el desarrollo social y el combate a la pobreza, así como a entregar información a la Cámara sobre las medidas de contención del gasto corriente, e inclusive obligar al gobierno federal a garantizar mecanismos que impidan el manejo electoral de programas de aplicación federal en los estados.

En el caso del proyecto de dictamen de ley del IETU, que comenzó a ser analizado por los grupos parlamentarios y cuenta con el respaldo de PRI y PRD, se señala que al incrementar la base gravable y constituirse como una norma de control al impuesto sobre la renta "podrá iniciarse el camino para satisfacer los requerimientos de ingresos tributarios, necesarios para compensar la disminución por ingresos petroleros totales, así como para solventar los requerimientos de gasto público".

En el capítulo de deducciones, los legisladores aceptaron establecer un periodo de transición para que las empresas puedan acreditar los activos adquiridos hasta diciembre de 2007, y se determina que quedarán exentos del pago del impuesto no sólo las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las escuelas públicas con ese objeto social, las operaciones de compra o venta de bienes inmuebles o muebles, así como las actividades de las sociedades cooperativas, sindicatos obreros, organismos que agrupen cámaras de comercio, agrupaciones agrícolas, colegios de profesionistas y asociaciones patronales, entre otros.

Como han negociado priístas y perredistas se plantea gravar las operaciones en bolsa que impliquen el intercambio de acciones, para evitar que este tipo de transacciones permitan la elusión del pago del ISR. También, el proyecto de dictamen cancela la posibilidad de que los consorcios recurran al régimen de consolidación fiscal, que en la mayoría de los casos les permite evadir el pago de impuestos; así, las sociedades controladoras estarían obligadas a determinar un ISR individual sobre las empresas controladas, como mecanismo que les permita especificar la parte de dicho gravamen que le corresponda a cada sociedad integrante del grupo, para que la puedan acreditar contra el ISR el IETU resultante a su cargo.

Se afirma que el IETU no podrá ser susceptible de amparos, porque su aplicación se fundamentará en el artículo 31 de la Constitución, que considera la redistribución de la riqueza en el país. Asimismo, se argumenta que se cambió la denominación del gravamen, pues jurídicamente se trata de un impuesto y no de una contribución, como planteó el Ejecutivo en su iniciativa.

Sobre la Ley de Presupuesto y General de la Administración Pública, la comisión determinó establecer una serie de candados que aseguren la aplicación de los recursos adicionales que se obtendrán por la reforma en las necesidades de la población y no al gasto corriente. Se refiere que se obligará al Ejecutivo a comprometerse a alcanzar una meta de ahorro de 20 por ciento al final de su mandato, condicionar la apertura de nuevas plazas, reducir el gasto a servicios personales en Pemex, CFE y Luz y Fuerza.