Pedirán la intervención de la Embajada Estadounidense contra la PGJC por caso sin resolver

Piedras Negras, Coah. – El ciudadano estadounidense, Christopher Marcol Hyler, a través de un despacho de abogados, pedirá la intervención del embajador en México, Kent Salazar, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJC), en la delegación de Acuña, le ha dado carpetazo a una denuncia que interpuso por amenazas y atentados a su patrimonio.

La abogada Angie Bautista Valdez, representante del director internacional de la organización “La Solución Pacífica Educación en Carácter A. C.”, dijo que, en el caso de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público de Ciudad Acuña, por amenazas, atentados a su patrimonio, robo de vehículos con abuso de confianza, entre otras, no le han dado la importancia debida.

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“Y es que, aún y cuando se ha señalado a una mujer, que colaboro con la organización en Acuña, como sospechosa de los delitos y actuar en complicidad con otras personas, del que es víctima el estadounidense Christopher, las capetas de investigación que existen están detenidas y no se les ha dado seguimiento en dos años”, dijo la abogada.

De mayo a diciembre del año pasado, el director internacional de la organización “La Solución Pacífica Educación en Carácter A. C.”, Cristopher Marcol Hyler, sufrió el robo de vehículos con abuso de confianza en Acuña, en donde establecido un Centro de Ayuda y una escuela en donde se impartían clases de regularización y fomento de valores a niños de manera gratuita.

“Ante las omisiones y dilaciones por parte de la Fiscalía general, concretamente en ciudad Acuña, el señor Christopher se ha visto en la necesidad de pedir auxilio a la Embajada, toda vez que ha presentado, en diversas ocasiones, diversas denuncias por diversos delitos de los que ha sido víctima y la Fiscalía simplemente no actúan”, reiteró.

Posteriormente- añadió-, él y sus colaboradores fueron atacadas en sus patrimonios, ya que quemaron algunos vehículos e intentaron quemar salones de clases en la escuela y finalmente han sido amenazados de muerte vía telefónica.

“Todo esto derivado desde el día 29 de mayo del año pasado y con el último acontecimiento el 13 de diciembre. Hechos que se han denunciado y que las autoridades es tiempo de que no dan una respuesta favorable a la persona, aún y cuando se tienen nombres y todos los datos necesarios de la y los sospechosos en las carpetas de investigación”, mencionó.

Las abogadas de Christopher, Angie Bautista Valdez y Alejandra Ludivina Gómez Zamarrón, refirieron que simplemente las autoridades no actúan, no hacen las investigaciones correspondientes y mucho menos han otorgado medidas de protección a la víctima, por lo que se cree que están protegiendo a las personas denunciadas en Acuña.