Coahuila: coordenadas tóxicas e incertidumbre

Por estos días de Dios avanza en Noria de la Sabina, ejido perteneciente  a General Cepeda, la “construcción de un sitio para reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”.

Un basurero tóxico, pues. Era impostergable su establecimiento, afirman los promotores.

En algún sitio se deben depositar los desechos –dicen- en lugar de contaminar el medio ambiente al tirarlos a cielo abierto.

Tal vez. Sin embargo, Coahuila no es el principal generador de “residuos peligrosos” en México y ese dato no se ha tomado en cuenta por las instancias oficiales. De acuerdo con la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), nuestra entidad ocupa la quinta posición en el País muy por debajo de la Zona Metropolitana del Valle de México, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León en toneladas, con base en los datos reportados de 2004 a 2015 por los propios generadores.

No es ocioso aventurar que nuestros vecinos norteños, por la proximidad y bajo costo de traslado, serán los principales clientes que llegarán al Estado para depositar su basura tóxica. A 15 kilómetros de la presa El Tulillo. En un predio de 500 hectáreas. A 3.9 kilómetros de una escuela, una iglesia y un tanque de abastecimiento de agua.

Y lo más importante del asunto: ya está por concluir la edificación del que sería el segundo CIMARI en la Región Sureste de Coahuila (aunque significaría sólo el tercero en México), y no hay certezas acerca de su viabilidad.

Primero, un grupo de inconformes muestra un acuerdo legal de cuatro páginas con fecha 4 de febrero de 2016, donde la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación ordena la suspensión de las obras hasta que se dicte una resolución definitiva, “con el fin de evitar una afectación al medio ambiente y al equilibrio ecológico, lo cual constituye una cuestión de orden público”. 

Pero aquí viene lo desconcertante: la Semarnat manifiesta que no se le ha notificado el acuerdo 563/16-EAR-01-12 que nace del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la compañía promotora del CIMARI en General Cepeda, por consecuencia, no se da por aludida y continúa con los trabajos.

A la incertidumbre contribuye Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, asegurando que “se ha creado una tendencia negativa” pues hay dos empresas (administradoras de los dos CIMARI que actualmente existen en el País) a quienes “les gusta ser y tener el monopolio (sic) del negocio”, por ello “empiezan a generar una desinformación con la gente” a fin de frustrar otros proyectos que supondrían competencia, como ha sucedido
“en muchos casos”, y cita como ejemplos Hidalgo, San Luis, Hermosillo y Mexicali, donde ya existían “permisos que da el Gobierno” (VANGUARDIA 21/04/16).

¿A quiénes acusa el funcionario público?

Concretamente a “Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V”, que opera en Mina, Nuevo León; y a “Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V”, de Ramos Arizpe, Coahuila. Ahora bien, si él como secretario 
del gabinete federal tiene información privilegiada, ¿por qué no actúa en consecuencia para que se respete la legalidad y se cumplan los permisos que previamente otorgó la dependencia que dirige?

Quo vadis. A dónde va “el negocio”, como él mismo lo define en sus declaraciones.

El Ayuntamiento ‘alcahuete’ de General Cepeda

En la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó a la Semarnat la “Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C. V”, mejor conocida como SEMSA, ésta señala que “el proyecto (a su cargo) no genera cambios substanciales en la economía del Municipio” (página 268).

Y la Presidencia Municipal que encabeza el priísta, Rodolfo Zamora Rodríguez, en cambio, dice que “el proyecto beneficiará a la población ya que generará cambios substanciales en la economía del Municipio” (el subrayado es mío), como consta en el oficio número PMGC 158/2014 del 16 de junio de 2014. 

No sólo eso, aventura el Ayuntamiento de General Cepeda que “en el Ejido Noria de la Sabina se pretende generar alrededor de hasta 200 empleos directos” cuando, en realidad, habrá 22 plazas laborales para operación y mantenimiento, a decir del propio documento elaborado por SEMSA. Como si las mentiras no trascendieran la aldea. ¿A quién favorecen dichas actitudes cerriles?

‘No tenemos inconveniente’, dice la SEMA de Eglantina

La iniciativa de SEMSA no nació ayer. El trabajo en campo lo inició en julio de 2012, (tan sólo ocho meses después de tomar posesión Rubén Moreira como Gobernador de Coahuila), desarrollándose hasta febrero de 2013.

Eglantina Canales era Secretaria de Medio Ambiente, como lo es  ahora, y la SEMA que representa opinó en su día: “no tenemos inconveniente hacia la autorización del proyecto”, a través del oficio 942/2014, dirigido a la Semarnat. Pero el ejido Noria de la Sabina no cuenta con infraestructura de transporte ni calles pavimentadas. El 90% de sus pobladores no reciben ingresos y sólo en dos viviendas tienen televisión. Ahí SEMSA edificará nueve celdas de confinamiento, de 10.90 metros de profundidad y capacidad de 483 mil 520 metros cúbicos, además de 22 fosas de tratamiento. En el proyecto invertirá 50 millones de pesos que “se financiarán con recursos propios”, estimando el periodo de recuperación de capital ¡en aproximadamente 5 años! (Manifestación de Impacto Ambiental, página 83). Es decir, tendrá 20 años de ganancia neta considerando que la explotación y mantenimiento será de 25 años.

Saltillo: epicentro del trasiego hacia las coordenadas tóxicas 

De concretarse el referido segundo CIMARI en Coahuila habrá 96 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y en medio de ambos la capital del Estado: el epicentro del trasiego. No existe otro fenómeno similar en el País.

Así los hipotéticos residuos peligrosos procedentes de Nuevo León y Tamaulipas, además del Valle de México, tendrán que cruzar forzosamente por Saltillo. Si llegan de Chihuahua, inevitablemente atravesarán Torreón.

¿Hay un plan de transporte para que no se internen en zona urbana? Cabe señalar que no habrá transporte aéreo. Todo será terrestre. Y no llegarán “estabilizados” sino en bruto, tal y como fueron depositados para su destino final. Que sean embalados en un determinado tipo de recipiente no disminuye los riesgos ni significa “estabilización”. 

Al año desfilarán 40 mil 253 toneladas de residuos peligrosos hacia General Cepeda. La pregunta es, ¿y los probables accidentes que ocurrirán en los caminos que conducen de las industrias al CIMARI?, ¿quién los emedia?, ¿estamos preparados para su circulación por las carreteras que convergen en Saltillo? Si permanecen en los patios de las empresas generadoras, como sucede hasta la fecha, la prevalencia de riesgos es controlada debido a la inmovilidad. Al salir de ahí cambia la historia.

¿Por qué no estimular mejor la reducción de residuos peligrosos? 

El agua, ése ‘pequeño’ problema

En los estudios preliminares del terreno (que no muestran en ningún momento, cabe señalar) SEMSA encontró agua subterrá- nea a 22 metros de profundidad, como consta en la manifestación de Impacto Ambiental, en poder de quien esto escribe. 

Esto es importante porque la zona aledaña al área de estudio se abastece principalmente de ella, mediante pozos y norias. 

Sin embargo, José Luis García, habitante de General Cepeda e integrante del colectivo “Sí a la Vida” (opositor al proyecto), declaró al catorcenario Espacio 4: “no somos geólogos, somos campesinos, pero sabemos que
el agua está a 14 metros, así lo vimos con nuestros propios ojos” (Número 532).

Y las excavaciones para las celdas de confinamiento alcanzarán 11 metros de calado. Cuidado

La mayoría de los impactos son negativos.

En la propia Manifestación de Impacto Ambiental admite SEMSA 46 impactos adversos, derivados de la instalación y operación del CIMARI, contra 17 benéficos. Es decir, visto desde una perspectiva estrictamente estadística, un 73% del total es negativo. 

Aún así el proyecto fue autorizado  el 23 de julio de 2014, de manera condicionada, con una vigencia de un año para llevar a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción de las obras del proyecto. El 24 de junio
de 2015, dio aviso del inicio de las obras a la Profepa. 

“En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas”, recuerda la Semarnat.
Como recomendación, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas indica que la empresa “deberá especificar qué se hace con los residuos generados del tratamiento de coagulación, ya que no señala el tipo de disposición final que llevará a cabo”. Aunque no es vinculante con la resolución final para autorizar el CIMARI (emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental) se considera una opinión técnica.

Allá organizan debates; acá regalan marranos

No hay que ir muy lejos: a Coahuila llegará la corrosividad, la reactividad, la explosividad, la radiactividad, la toxicidad y la inflamabilidad, características que confieren peligrosidad a los “residuos”, según la fracción XXXIII del artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Pese a la gravedad del tema da la impresión que no ha sido suficientemente analizado antes de tomar una decisión definitiva. Por lo demás, no es el único CIMARI que se proyecta en la actualidad. En Santo Domingo, Municipio de San Luis Potosí, existe una controversia que se dirime en tribunales locales para la instalación o no de un confinamiento en aquellas tierras, a 12 kilómetros de un núcleo poblacional. 

Pero hay una diferencia sustancial: mientras allá el Congreso del Estado ha promovido foros y diálogos con instituciones educativas para debatir y contrastar posturas, en Coahuila regalan marranos a los campesinos para
ganar “licencia social”. 

@luiscarlosplata
carlos_plata01@hotmail.com