Salud y Educación es lo que obliga a vacunación
A raíz de que en Coahuila tres menores de edad recibieron la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, gracias al recurso de amparo que les fue concedido por la corte, expertos en leyes hablan al respecto.
De acuerdo con el abogado y catedrático de la Universidad de Monterrey (UDEM), Samuel Hiram Ramírez Mejía, el tema comienza a tomar relevancia y se observa que uno de los principales escenarios en los que los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, otorgan que es el de garantizar el derecho a la educación y a la salud de los menores.
“Lo que se está manejando en el foro jurídico es que existe una confluencia del respeto a los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, eso digamos por una parte ya que estamos frente a este equilibrio entre ambos derechos y por otra parte, es obligación del Estado proteger y garantizar ambos derechos”, explica.
Aunado a ello, sostiene que enmarcado en el regreso a clases presenciales, tanto los Gobiernos Estatales, así como el Gobierno Federal, estarán obligados a jerarquizar el derecho a la salud y reparar la omisión de la aplicación de la vacuna a menores de 18 años.
Ahora bien, otro de los casos que el catedrático observa, es que también se están concediendo amparos a los hijos de trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19, a manera de prevención debido al alto riesgo de contagio en el que se encuentran.
RESTRICCIONES AL AMPARO
Mientras que en el caso contrario, uno de los escenarios para negar una suspensión de oficio, podría ser que el estado no se encuentre en el contexto del regreso a clases, no sea menor vulnerable o bien, que se otorgue, pero con la particularidad de que la orden podría ser ejecutada únicamente cuando se tenga disponible la vacuna en la localidad.
“En resumidas cuentas, cuando no se podría yo creo que sería cuando no hay una relación con el estado en el contexto de la educación, considero que sería difícil justificarlo con el hecho de que se va a regresar a clases y por último podrían haber algunos casos en que si se conceda la suspensión por los jueces de distrito, pero finalmente, sabemos que todas las vacunas están aprobadas por la Cofepris por estado de emergencia, así que se apegarían a la disponibilidad de la existencia del biológico”, dijo.
COLECTIVOS APOYAN CAUSA
Ante este fenómeno de salud, señala que existen colectivos a nivel nacional de abogados “pro bono”, como los creados en Oaxaca exclusivo para personal de la salud y el colectivo “Justicia COVID-19”, con representación en todos los estados, que se encuentran trabajando a favor de los padres de familia para que los menores reciban la vacuna.
Dichos colectivos apoyan de manera gratuita a las personas que no cuentan con los recursos para promover los costos de un amparo, que oscilan entre los cinco y ocho mil pesos.
“Hay un grupo de abogados que está trabajando a nivel nacional de manera pro bono, hay una asociación que se llama Justicia-COVID que tiene representación en todos los estados, incluso en Coahuila, que nace de la iniciativa de renace en San Luis y se han ido agregando muchos colegas”, dice el experto.
Sugiere a los interesados buscar las representaciones en sus estados para recibir asesoría jurídica sobre este tipo de amparos.
“CORRIMOS CON SUERTE”
La abogada y madre de Liam Garcia, uno de los jóvenes vacunados en Saltillo, Amanda Garcia Castillo, apunta que el trámite se realizó en un tiempo muy corto, pues interpuso el recurso el pasado lunes 23 de agosto y recibió la respuesta favorable el martes por la tarde, además de contar con la suerte de que la vacuna solicitada arribó ese día a la localidad.
“Promoví el amparo el día lunes por la noche, el juzgado me resuelve el martes y nos presentamos a la Secretaría del bienestar el día jueves, para ver cómo iban a ejecutar esta orden que el jueves les había ya dictado”, relata Amanda.
El mismo jueves 26 de agosto por la tarde, arribaron a Coahuila 182,200 dosis de la vacuna de Pfizer al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe del municipio de Ramos Arizpe, de las cuales 52 mil 650 dosis fueron destinadas para primeras y segundas dosis para jóvenes de 18 a 29 años de edad, entre ellas se encontraba la de Liam García, de 17 años de edad.
“Afortunadamente ese mismo día por la noche llegó la vacuna Pfizer, que es la única con la que se puede vacunar a los menores de edad y que fue lo que solicitamos en el amparo para que se le aplicar a Liam, y digo afortunadamente por qué no sé qué hubiera hecho la Secretaría del Bienestar si no tuviera la vacuna. Habrían tenido que conseguirla porque la orden del juez para que de manera inmediata se vacunara a Liam, porque uno de los fundamentos es que él se encontraba ya en clases presenciales y no se le podría quitar el derecho a la educación y a la salud”, relató.
Posteriormente el viernes Liam se trasladó junto a su hijo al módulo empresarial instalado en Magna, en donde también se inmunizó a dos jovencitas menores de edad que promovieron un amparo con el apoyo de otro abogado.
“Liam pensó que el fallo aplicaba para todos los niños de 12 a 18 años, estaba muy contento porque pensó: ‘¡que padre, ahora si nos van a vacunar!’, tuve que explicarle que solo lo iban a vacunar a él. Le dio muchísima tristeza,”, dice.
Finalmente, indica que a raíz de la publicación de su caso, ya ha recibido la solicitud y asesoría de padres de familia para que lleve los amparos de sus hijos en la localidad.
