LA JORNADA
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez Cázares, adelanta a La Jornada que entregará a la Cámara de Diputados nuevas auditorías efectuadas a Pemex Exploración y Producción (PEP) y Oceanografía SA, indagatorias en que se vincula a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
México, D.F. .- "Estamos en una serie de auditorías en las áreas que les interesan (a los diputados), y nosotros no tenemos empacho, una vez concluidas, en entregar toda la información". Advierte que se avecina un "tema importante" que concierne a Oceanografía SA, naviera a la cual PEP adjudicó irregularmente contratos por más de 6 mil millones de pesos. Además, dice, se tienen ya "algunas auditorías que son muy largas, que tienen que ver con obra pública, otras con finanzas y con Petróleos Mexicanos (Pemex)".

Del caso Bribiesca destaca que a la fecha ha entregado a los legisladores información de "cuanto me han pedido: del llamado Fobaproa; de las empresas relacionados con Construcciones Prácticas, Aduanas e ISOSA".

De hecho, estima que con las nuevas auditorías los diputados "van a retomar el impulso" para continuar con las pesquisas que sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún de Fox retomaron en abril pasado tres comisiones especiales creadas en la Cámara de Diputados.

De la inhabilitación por 10 años en mayo pasado al ex titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz -multado con más de 450 mil pesos por incurrir en anomalías en el proceso de credencialización de ese programa, que costó al erario 368 millones de pesos-, adelanta que sigue en evaluación "el desempeño general" del también ex coordinador de Amigos de Fox.

Precisa: "(Fernández Ortiz) está sujeto a investigación; ya se le notificó sobre ciertos desvíos y desórdenes administrativos. Estamos a la espera de sus alegatos y vamos a cerrar la instrucción; si hay más elementos para actuar, no dudaremos en sancionarlo una segunda vez".

Enciclomedia

En el caso de Enciclomedia revela que se abrió otra línea de investigación sobre la "evolución patrimonial" de todos los funcionarios del sexenio foxista que participaron en las licitaciones para la adquisición del equipo de cómputo y diversos programas.

En ésos y otros casos donde se presumen "corrupción" e irregularidades durante la gestión de Vicente Fox, y en la actual -afirma Martínez Cázares-, no habrá carpetazo ni se tolerará la impunidad. "El gobierno del presidente Felipe Calderón tiene la voluntad de no dejar pasar ni un solo caso de corrupción ni de impunidad del sexenio pasado y del suyo propio".

En entrevista efectuada en su despacho de la SFP , el contralor del gobierno federal sostiene que esa entidad "está haciendo su tarea", mas considera que para abatir la corrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial también deben hacer su labor. Y exige: "hay que reclamar a los tribunales que cumplan su tarea en el combate a la corrupción, y yo lo pido abiertamente".

A los diputados, en cambio, les pide "reflexionar" sobre el impedimento que tiene la SFP para indagar a fondo los vínculos entre los hermanos Bribiesca e Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), empresa creada con recursos públicos por el ex secretario de Hacienda,Francisco Gil Díaz, para operar las aduanas del país.

"Hay fideicomisos en los que se mezclan recursos públicos con privados, como el caso de ISOSA, y ésos para nosotros es muy difícil auditarlos. No entramos en finanzas personales". '

-En este primer semestre usted derivó el caso de Raúl Muñoz Leos y otros ex funcionarios de Pemex a la PGR, tras establecer la sanción respectiva. Ahora la procuraduría general dice que enviará el asunto al archivo, porque no hay delitos que tipifiquen una conducta ilegal, y el ex director general de Pemex ya impugnó ante los tribunales la sanción (10 años de inhabilitación y multa de 862 millones de pesos) de la SFP. ¿A qué atribuye esta radical diferencia de criterios entre ambas dependencias? ¿Qué falla en la Función Pública para sustanciar los casos?, porque ya ocurrió igual con Rogelio Montemayor Seguy (Pemexgate), Carmen Segura Rangel (Fonden) y recientemente con quien vendió (Alfonso Gómez) el examen nacional de aspirantes a residentes médicos.

-Quiero subrayar que la Función Pública está haciendo su tarea: no estamos retrasando los expedientes, sino resolviendo conforme se consolidan las pruebas. Sin embargo, yo sólo tengo la facultad de deslindar la responsabilidad administrativa; no tengo facultades en materia penal. Lamento que el caso se vaya al archivo, pero todavía no hay una definición. Ésa es una definición preliminar y una pequeña declaración, y aún no ha habido un acto jurídico que materialice esto. Debería estar notificado sobre ese asunto y no lo estoy.

"Sin embargo -afirma- hay que reclamar a los tribunales que cumplan su tarea en el combate a la corrupción, y yo lo pido abiertamente: que se reclame como se reclama a la Función Pública, y que con la misma vara con que se le mide, se mida a la PGR y a los tribunales, y se presione a éstos para que también cumplan su tarea. No digo que den una sentencia favorable a la Función Pública, sino que cumplan su tarea. Hago un llamado a los tribunales -que los considero honestos, verticales- a que asuman su tarea en el combate a la corrupción".

-Del sexenio de Fox usted heredó una cascada de irregularidades en la administración pública y en el haber de los funcionarios: tenemos los casos de Enciclomedia, la megabiblioteca José Vasconcelos, las terminales I y II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los ingenios azucareros, Gutsa y otros. Los diputados del PRI y PRD ya se adelantaron y pusieron la denuncia en la PGR, ¿cómo van las indagatorias de la Función Pública?

-Nadie puede hablar de impunidad en ninguno de estos casos, porque no están cerrados. Algunas auditorías nos están tomando tiempo; en otras echamos mano de auditores externos, por ejemplo en el asunto de la terminal I del aeropuerto. Tenemos procedimientos de aclaración, incluso de responsabilidades contra funcionarios en varios de esos temas. En el caso de la biblioteca Vasconcelos quiero reservarme la información, porque estoy citado a comparecer, sin fecha todavía, en el Senado; ahí daré el informe correspondiente.

En el tema de Enciclomedia tenemos un problema, porque el ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa) es un organismo internacional y estamos buscando la manera de auditar, pero ahí hay un problema, hay que decirlo. Investigamos ya a las personas que tuvieron que ver con las licitaciones de todo el equipo y computadoras.