El 16 de noviembre de 1989, comandos del ejército irrumpieron en el campus de la UCA y dieron muerte a su rector, el español Ignacio Ellacuría; a los también sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a Elba Ramos, una empleada doméstica y a su hija Celina, de 16 años.
San Salvador, El Salvador.- La jerarquía católica de El Salvador prefiere que la matanza de seis jesuitas y dos colaboradoras, en 1989, sea juzgada en este país y no en España, al igual que opinan los representantes de esa congregación.

Al ser consultado por la prensa sobre el proceso que ha iniciado la Audiencia Nacional de España, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, afirmó que "sería preferible que se juzgaran esas personas aquí, en el país".

El arzobispo explicó que esta posición es igual a la que mantiene el rector de la Universidad Centroamericana (UCA, regida por jesuitas), el padre José María Tojeira.

El 16 de noviembre de 1989, comandos del ejército irrumpieron en el campus de la UCA y dieron muerte a su rector, el español Ignacio Ellacuría; a los también sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a Elba Ramos, una empleada doméstica y a su hija Celina, de 16 años.

En 1991 fueron condenados por el crimen el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, entre una decena de militares acusados, pero quedaron en libertad en 1993 debido a la aprobación de una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad decenas de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

En enero pasado el caso fue revivido tras la apertura de un juicio en el tribunal español a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).

La querella en España incluye a 14 militares salvadoreños, y aunque en un principio también se pidió incluir al ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por el supuesto encubrimiento del crimen, durante la apertura del juicio, la Audiencia decidió no hacerlo, pero "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen" durante el proceso.

Escobar Alas afirmó que "nosotros pensamos, como iglesia, que es importante llegar a un punto de reconciliación, una reconciliación verdadera y que dé paso a una vida verdaderamente en paz en la nación".

Recordó que para tal fin tanto la iglesia católica salvadoreña, los representantes de la Compañía de Jesús y el Gobierno salvadoreño mantienen abierta una mesa de diálogo.

"Venimos dialogando ya más de un año en este esfuerzo por llegar a un acuerdo beneficioso para todos donde se haga justicia, pero que también haya la reconciliación y el perdón", dijo.

Sin embargo, reconoció que en los últimos meses las conversaciones han sido suspendidas debido al ambiente de elecciones que vive el país, por lo que expresó tener "mucha esperanza que después de las elecciones (15 de marzo próximo) este proceso va a avanzar".

El arzobispo calificó la matanza como uno de los hechos "más graves" registrados en el marco de la guerra civil, que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

En el mismo contexto, también recordó el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa en un hospital para enfermos de cáncer en esta capital.

Según la Comisión de la Verdad, constituida por las Naciones Unidas tras el fin del conflicto, el asesinato fue ordenado por Roberto d'Aubuisson, fundador de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).