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Asegura el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que la reforma fue una propuesta de los partidos y no del presidente Calderón
La aprobación de la nueva reforma judicial en la Cámara de Diputados la semana pasada fue defendida por el presidente de la Comisión de Justicia de dicha cámara, César Camacho Quiroz, quien asumió que es un gran paso para las leyes del país.

"Las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo y es la reforma que México necesita, a su vez en dos grandes vertientes; una hacer los procesos más sencillos, más breves, más baratos, más eficaces, la otra vertiente le conviene al Gobierno federal y a los Gobiernos de los estados para acceder a instrumentos más eficaces y más modernos para combatir al crimen organizado", dijo Camacho Quiroz en entrevista radiofónica con Panorama Informativo.

El funcionario subrayó que esta reforma es una propuesta organizada por los partidos y no por una sola persona, el presidente Felipe Calderón, ya que la iniciativa que envió era limitada para los arraigos suministrados por el Ministerio Público.

"Quiero dejar en claro que esta no es la reforma del presidente Calderón y lo digo con objetividad, porque la iniciativa que envió sólo se limitaba a pedir más mecanismos para enfrentar a la industria del crimen", señaló Camacho.

"Pedía que el cateo se le concediera al Ministerio Público, quien después de usarlas le avisaría al juez qué hizo con ellas, la administración de Calderón no se ocupa de los procesos penales, solamente de la investigación policiaca".

Sobre las investigaciones contra el crimen organizado el ex gobernador del Estado de México apuntó que el Estado ya podrá atacar de forma directa porque ahora hace su aparición la "figura jurídica en el derecho mexicano, la extinción del dominio, está más que claro que para el crimen organizado que la mejor forma es quitándole sus bienes, haciéndole un hueco en sus cuentas, esto significa que el estado podrá quitarle sus derechos".

Finalmente, César Camacho Quiroz aseguró que los acusados de homicidio doloso, de violación, de secuestro, de delitos contra la salud o de trata de personas enfrentarán investigaciones dentro de las cárceles, en tanto, que las personas que incurran en delitos menores pueden estar afuera para el desarrollo de la investigación previa.