DIF: Samuel y Mariana adoptaron ilegalmente

MONTERREY, NL.- La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del DIF, determinó que la acción que realizaron el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantu, al sustraer a un niño del Centro de Asistencia Social Capullos del DIF de Nuevo León para una “convivencia familiar”, no se llevó a cabo conforme a la ley, pues no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor ni a la familia formada por el mandatario y la coordinadora de la unidad administrativa “Amar a Nuevo León”.

A través de un comunicado, el organismo señaló asimismo que ante el requerimiento de información que hizo a la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, referente al caso, dicha entidad pública expuso que desde hace tres meses el niño “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. Y argumentó que se autorizó la salida del niño del DIF Capullos bajo la responsabilidad de Rodríguez Cantú, por representar para él una “figura significativa”.

En seguimiento al caso del supuesto “permiso de convivencia familiar” a través del cual el DIF de Nuevo León habría permitido el egreso de un niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social “Capullos”, la Procuraduría, detalló que el miércoles 19 de enero recibió vía correo electrónico información de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León, para responder al requerimiento de esa instancia federal con el fin de conocer el proceso legal seguido para conceder el supuesto medio alternativo de cuidado familiar.

Derivado del análisis de la información recibida “se desprende que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por el C. Samuel García Sepúlveda y la C. Mariana Rodríguez Cantú”, indicó el comunicado.

La PFPNNA precisó que la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio García-Cantú durante un fin de semana, como “medida especial”. Sin embargo, “no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”.

Por lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del DIF Nacional, hizo un nuevo requerimiento de información a la Procuraduría estatal para concluir el análisis sobre el supuesto “permiso de convivencia familiar”, definir las medidas a adoptar para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la adecuada aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto, asentó la instancia federal.