Coordinador de Morena en el Senado propone se castigue a jueces machistas
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Por no observar la perspectiva de género en casos sobre violencia contra la mujer
CDMX.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar administrativa y penalmente a jueces y magistrados que no observen la perspectiva de género al resolver casos sobre violencia contra la mujer, como ocurrió en el caso de Abril Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre, y en el que dos juzgadores fueron suspendidos por dejar en libertad al principal sospechoso del crimen, el exesposo de la víctima.
La iniciativa prevé que se les finque responsabilidad si estos jueces no actúan con diligencia para proteger a las víctimas y no garanticen su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que marca la legislación conducente”, según propone el morenista en el proyecto de modificación constitucional.
En su iniciativa de reformas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta propone que cuando se trate de casos que involucren cualquier modalidad de violencia contra la mujer, jueces y magistrados deberán actuar “con total diligencia para disponer de protección a las víctimas, garantizando su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que demarca la legislación conducente”, planteó Monreal Ávila en su iniciativa.
Para que esas disposiciones operen se plantea que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá fomentar el estudio, conocimiento y observancia del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y deberá expedir un protocolo de perspectiva de género que se aplique en el Poder Judicial.
En la propuesta, el senador reconoce que a pesar de los esfuerzos persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres, debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el aparato jurisdiccional.
88.4 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión y no denuncian ni piden apoyo.
