Gobierno ofrece primera disculpa pública por 'guerra sucia', a integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre

En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció que durante el periodo denominado como la guerra sucia "se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato represión que cometió delitos de lesa humanidad" contra cientos de disidentes políticos.

Este lunes 23 de septiembre, en una fecha simbólica, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas por primera ocasión a una de las cientos de víctimas de aquel periodo de la historia reciente del país. Se trata de Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga (ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre), fueron detenidos de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército mexicano, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

La víctima señaló que estar presente en este acto, tras 42 años de lucha por la verdad y la justicia, "es ganarle al olvido". Censuró la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. "Perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época, reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. ¡Qué lamentable¡ Deberían estar aquí, porque fue justamente al interior de las instalaciones de la novena zona militar de Culiacán que se donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana".

Martha fue torturada por 49 días en la novena zona militar con sede en Culiacán, estaba embarazada y se le obligó a parir en indignas e infrahumanas condiciones, además se le obligó a presenciar la tortura y ejecución extrajudicial de su esposo, cuyo cuerpo jamás se le ha entregado. Ella recuperó su libertad gracias a que su familia pagó un rescate y por 42 años ha luchado por la justicia y la reparación.

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, ofreció la disculpa pública a Camacho Loaiza, a su esposo Alapizco Lizárraga, y a su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho -quien nació cuando Martha estaba detenida en el cuartel militar y vivió en sus primeros minutos de vida la tortura al ser encañonado con una metralleta como forma de doblegar a su madre.

"Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor José Manuel Alapizco Lizárraga, así como los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia", expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Por lo que usted, señora Martha Camacho, fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria. Por lo que usted señor Miguel Alfonso, fue torturado y desaparecido de manera transitoria. Y por el que el señor José Manuel Alapizco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente. Hechos perpetrados por parte de la policía judicial del estado de Sinaloa, de la DFS y por el Ejército mexicano.

"Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor José Manuel Alapizco Lizárraga, así como los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.

"Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad y el agravio de su familia, derivada de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano. Por mi conducto el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades es de el 19 de agosto de 1977 y a su vez reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repertición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades".

La funcionaria federal hizo especial énfasis en la la gravedad que representó la violencia contra las mujeres ejercida desde las altas esferas de la vida pública:

"El caso de la señora Camacho Loaiza es evidencia de que la violencia de Estado cuando se ejerce sobre las mujeres tiene un alto componente de género y de sometimiento que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio profundo a su dignidad. Tal como le evidencian la tortura sexual y la violencia obstétrica (que ella sufrió)".

Previamente, El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, aseveró que durante el periodo de la guerra sucia México vivió un contexto de represión a la libertad política y de expresión donde el Estado asumió como enemigo a los disidentes políticos.

"Desde el Estado mexicano se realizaron prácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres. Fue un periodo de oscuridad que evidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición y de discrepancia".

Garantizó que el actual gobierno federal no permitirá que actos como estos vuelvan a repetirse y que por el contrario, se promoverá y respetará el ejercicio de las libertades ciudadanas y los derechos humanos. Ahora, subrayó, "es momento de saldar cuentas con el pasado", por lo que se indagarán los crímenes de entonces para llevar justicia y verdad a las víctimas.

Conmovida, Martha Camacho tomó la palabra para expresar que su presencia en este acto y tener derecho a la disculpa pública "es ganarle al olvido".

Esta disculpa pública, agregó, no sólo es para ella y para su hijo, sino también para su esposo asesinado. "Este acto es en memoria para él y para todos los que nos fueron arrebatados, que sepan que no los olvidamos".

Larga búsqueda y olvido de las instituciones

Martha Camacho Loaiza lleva toda una vida buscando justicia. Fue arrestada y torturada cuando estaba embarazada. Su hijo nació en cautiverio y le amenazaron con ejecutarlo. Su marido, José Manuel Alapizco, fue asesinado. No fue el único. Hay cientos, miles de víctimas de una época oscura que los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenaron al olvido.

“Fue liberada en octubre de 1977. Desde entonces comenzó una lucha que, entre otros objetivos, tenía señalar la responsabilidad del estado”, dice Leopoldo Martínez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La organización acompañó a la víctima durante las últimas dos décadas. Un largo período en el que los intentos por lograr verdad, justicia y reparación se encontraron con los portazos de las instituciones.

Martha recuerda la frustración que le generó los obstáculos impuestos por las diferentes administraciones.

Por ejemplo, cuando llegó al poder Vicente Fox y creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. “Un nombre muy largo, pero de nulo alcance”, se queja. “No hubo sentenciados, no nos cumplieron los objetivos que pensábamos que podían cumplir, expectativas se vinieron abajo”, afirma. En principio, el objetivo era esclarecer la represión sistemática durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Pero, según denuncia la sobreviviente, no se logró nada.

Quizás uno de los jarros de agua fría más dolorosos fue cuando la Procuraduría General de la República le dijo que no podría haber acción penal por el caso de su esposo asesinado. Argumentaba, en 2013, que el caso había prescrito. “El Centro Pro y yo no aceptamos. Logramos que una juez dijese que estos actos, estas graves violaciones, fuesen tipificadas como crímenes de lesa humanidad”.

En 2015, otro juez determinó que debían investigarse tanto la ejecución como las torturas. El caso sigue abierto.

En paralelo, la mujer tuvo acceso al Archivo General de la Nación. Buceó entre los documentos y halló su ficha policial. Y la de su esposo. Y la de muchos compañeros que fueron ejecutados. Todavía espera ver la documentación que guardan los secretos de la Cisen y de la Sedena. “Cajas y más cajas” que todavía no han sido clasificadas.

“El reconocimiento es una partecita de la verdad, pero no es toda. Se tiene que saber quiénes fueron los perpetradores”, dice Leopoldo Martínez.

El perdón a la antigua militante de la Liga Comunista 23 de septiembre viene en un contexto de polémica vinculada a las siglas del exguerrilla. El historiador Pedro Salmerón presentó su renuncia el sábado como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se cumplían 49 años de la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, que perdió la vida cuando miembros del grupo armado trataban de secuestrarlo. Salmerón habló de “valientes” en referencia a los militantes comunistas. La institución emitió un comunicado asegurando que no había querido hacer “apología de la violencia”.

Camacho Loaiza, sin embargo, reivindica el papel de aquellos jóvenes. “Se quedo corto. No solo eran valientes. También eran inteligentes, humanos, estudiosos. Y, principalmente, lo que se buscaba era un México mejor, donde no hubiera desigualdad, corrupción, violaciones a los derechos humanos”, dice.

Ella, no obstante, cambió el activismo de las calles por los libros. “Seguimos en la lucha. Le apostamos a que la concientización de los jóvenes tiene que ser a través del estudio”, afirma.

Recuerda cómo sus compañeros fueron calificados de “inadaptados”, de “enfermos”, de “delincuentes”. Y muestra su enfado al ver cómo se mantienen calles con el nombre de mandatarios como Echeverría Álvarez. “Si siguen, deberían añadir la palabra genocida antes del nombre”, dice.

Martha Camacho Loaiza recibirá hoy el perdón del Estado pero quienes le torturaron y quienes mataron a su esposo ante sus ojos siguen impunes. Ese es un reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La sobreviviente cree que el nuevo ejecutivo es una esperanza. “El gobierno de Amlo tiene alguna gente que son personas que vienen de una trayectoria de lucha. Le vamos a apostar a que esto tiene que continuar. Es el inicio del camino hacia la verdad. Si no, fácilmente se olvida. Obviamente, estamos esperando el castigo a los culpables, porque esto va a sentar las medidas de no repetición”, afirma.

El camino de la justicia todavía es largo.

“Una cosa es que me pidan una disculpa y otra que conceda el perdón. No voy a olvidar”, afirma.

Con información de Animal Político