La PGR apelará el auto de libertad a cuatro militares del caso Tlatlaya
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De momento sólo serán tres los oficiales que serán procesados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, se trata de los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides.
Por Omar Sánchez de Tagle (@osdtagle) para Animal Político
La Procuraduría General de la República (PGR) se inconformará este martes ante el juez décimo cuarto de distrito con sede en la Ciudad de México, Rubén Noguera, por el auto de libertad que otorgó a cuatro militares relacionados con la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya.
De acuerdo con la PGR, dicha determinación fue acatada en sus términos. Sin embargo, el Ministerio Público haciendo uso de los instrumentos legales interpondrá el recurso de apelación correspondiente.
“Lo anterior, en razón de que el Ministerio Público de la Federación seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, según sea el caso”, informó la dependencia.
De momento sólo serán tres los oficiales que serán procesados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, se trata de los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a quienes la PGR les atribuye su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Destaca que hace dos meses el mismo juez decretó la libertad de otro de los militares involucrados, la razón es que la defensa de ese oficial demostró que durante el enfrentamiento en Tlatlaya salió herido de una pierna y sus disparos fueron en defensa personal.
Este lunes se informó que el juez décimo cuarto de distrito decidió decretar el auto de libertad a cuatro de los ocho militares involucrados en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio del 2014, debido a que en su momento nunca se les notificó de qué se les acusaba y en diversos momentos no se les permitió tener contacto con sus abogados.
Ante ello su abogado, Juan Velázquez, interpuso un amparo en el cual aseguró que se violó el debido proceso. El caso llegó a un tribunal, que resolvió dejar sin efectos los autos de formal prisión, ordenando al juez volviera a valorar el caso y decretara por tanto nuevas situaciones jurídicas.
De ese estudio el juez consideró que no había elementos para inculpar a todos los militares consignados y decidió otorgar la libertad a cuatro de ellos.
