ACOSO Y JUECES
Para Sergio Ramírez y los perseguidos por Daniel Ortega
El acoso judicial al periodismo crítico se ha disparado. Según Artículo 19, 13 periodistas mexicanos fueron demandados en 2016; en 2020 fueron 39. El muro de contención está siendo el Poder Judicial federal y la Suprema Corte.
Los mexicanos importaron y mexicanizaron la idea. Si un personaje poderoso con dinero desea asustar, perseguir o arruinar a un periodista, lo acusa en tribunales de daño moral. Los abogados del poderoso se encargan de elevar el gasto y la angustia del periodista sepultándolo con recursos legales.
En 2016, Humberto Moreira, expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, me demandó por lo que escribí en una columna publicada en Reforma y El Siglo de Torreón. Para restañar el supuesto daño a su prestigio solicitó diez millones de pesos. En 2017, El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue demandado en cuatro ocasiones por un particular y un funcionario cercano al entonces presidente municipal panista de esa ciudad, Enrique Rivas Cuéllar. Les exigieron 60 millones de pesos. En 2020 la expresidenta municipal de León, Guanajuato, Bárbara Botello (PRI), procedió judicialmente contra el director y la empresa editorial del AM de León, tasando su honor en ¡300 millones de pesos!
Las tres demandas surgieron porque difundimos presuntos actos de corrupción. Es legítimo que los funcionarios demanden cuando hay evidencia de que fueron difamados, lo absurdo en los tres casos es que los jueces de las tres entidades hayan aceptado que ellos fijaran el monto de la reparación.
Después de recibir las demandas, los poderes judiciales de las entidades mostraron dos actitudes. En Guanajuato, Enrique Gómez, director del AM de León me comenta estar satisfecho con el trato recibido de los jueces. Caso contrario con El Mañana y el autor de este texto. Ninfa Cantú, ex directora de El Mañana, me detalla las razones por las cuales los jueces tamaulipecos han “actuado con mucho dolo y parcialidad”. En mi caso, y según mi abogado pro bono, Héctor Beristain, van unos 300 recursos respondidos o iniciados.
En mi opinión, el encono de Moreira se explica porque en marzo de 2016 empecé a coordinar una investigación académica sobre la consolidación de los Zeta en Coahuila cuando Moreira era gobernador. Durante varios años lo favorecieron un juez de primera instancia y un magistrado del Poder Judicial capitalino. Este último –Francisco Huber Olea Contró— defendió como león a Moreira pese a estar impedido para hacerlo por un conflicto de interés. A principios de 2020 interpuse una queja por su parcialidad ante el Consejo de la Judicatura –la institución que teóricamente protege a los perjudicados por los jueces— y ahí la metieron al congelador para proteger, supongo, al magistrado.
Para El Mañana y para mí la salvación ha venido del Poder Judicial federal, que ha ido corrigiendo las decisiones de jueces locales. La Suprema Corte rechazó la petición de los abogados de quienes acusan a El Mañana para que revisara el fallo sobre una de las demandas, pero sí atrajo mi caso y tal vez emita su fallo antes de que termine el año. Entretanto, Perla Gómez, Germán Martínez y una coalición de organizaciones mexicanas e internacionales han presentado escritos a mi favor en la Suprema Corte (amicus curiae).
La Suprema Corte vivió una metamorfosis en los últimos años. Leticia Bonifaz Alfonzo explica el proceso en una columna para El Universal (La Corte, el gran salto, 11 de septiembre). El inicio de este cambio, señala, es “la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”, petición añeja del movimiento de derechos humanos. Eso “provocó una avalancha de reflexiones a nivel teórico” y la incorporación sistemática de los “Tratados Internacionales de los que México es parte” y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos factores, junto con la renovación generacional, permearon y cambiaron la “manera de proyectar y construir la argumentación en las sentencias”. El último ejemplo de lo que acontece en la Corte está en la despenalización de la interrupción del embarazo.
El acoso judicial contra el periodismo independiente prospera en México. Afortunadamente, la justicia federal y la Suprema Corte se han convertido en un baluarte de los derechos humanos.
@sergioaguayo
Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda
