AMLO Vs. Xóchitl; ¿pugna electoral o denuncia obligada?

Para nadie resulta sorpresa ya recibir noticias sobre los señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador endereza contra la senadora y aspirante a la candidatura presidencial opositora Xóchitl Gálvez. La duda diaria es, más bien, en qué sentido será la nueva andanada que le lanzarán a la hidalguense desde el atril de La Mañanera.

Ayer, por octavo día consecutivo, el titular del Ejecutivo habló de quien se ha revelado como un auténtico fenómeno político en las últimas semanas. Esta vez dijo que “daría una primicia” y procedió a lanzar un reto a Claudio X. González, uno de los fundadores de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: que investigue presuntas irregularidades en contratos que Gálvez habría recibido siendo servidora pública.

Desde luego que si cualquier persona incurre en irregularidades -y más si se trata de alguien que forma parte del servicio público- los hechos deben denunciarse, investigarse y, si se detectan anomalías, imponer el castigo que la ley establezca.

Desde esa perspectiva, constituye una obligación legal -además de ética- para cualquier persona el denunciar los hechos que conozca y de los cuales pudieran desprenderse actos de corrupción. Nadie podría reprocharle al Presidente de la República que asuma tal compromiso de manera puntual y utilice todos los recursos a sus disposición para combatir el problema.

El punto fino es que, a diferencia de un ciudadano común y corriente, el titular del Poder Ejecutivo puede -y debe- hacer mucho más que simplemente denunciar hechos o “lanzar retos” para que una instancia ajena al poder público se encargue de realizar una investigación.

Si Xóchitl Gálvez incurrió en cualquier ilegalidad a su paso por el servicio público y, como desliza López Obrador sin decirlo, cometió actos de corrupción para que le asignaran contratos a una empresa de su propiedad, la obligación de las autoridades es investigar los hechos, no “aventarle bolita” a una organización civil a la que además el propio Presidente ha identificado repetidamente como parte de sus “adversarios”.

No estamos pues ante una denuncia necesaria, sino ante un acto propio de la disputa por el poder, enmarcado en el contexto de la adelantada campaña presidencial. En ese sentido, al hacer su “denuncia” y “lanzar el reto” a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, López Obrador no actúa como un servidor público comprometido, sino como integrante de una facción política que intenta descarrilar a una rival.

Por desgracia, no se ve que eso vaya a cambiar sino más bien al contrario: en la pugna que ha sido planteada largamente desde el atril de las mañaneras, que divide al país entre “conservadores” y “liberales” parece que solo puede ocurrir el recrudecimiento de las hostilidades.

Se trata de una mala noticia para el país, no solamente porque con ello se pervierte la actividad política, sino porque se deja de lado la tarea fundamental del ejercicio del poder público: gobernar para todos.