Aranceles temporales para apoyar la recuperación

En periodos de inestabilidad económica -sobre todo crisis y recuperación- los gobiernos nacionales pueden tomar decisiones estratégicas de política económica para impulsar la recuperación, incluido el intercambio comercial respecto a importaciones, es decir que se favorece la producción nacional para efecto de equilibrio respecto a los bienes que se importan de otras economías.

El arancel es un impuesto o gravamen que aplican los países a la importación de mercancías, con tarifas o derechos de aduana. Para impulsar las economías de países firmantes, en los acuerdos comerciales internacionales los aranceles son mínimos respecto a países no firmantes del acuerdo, como es el caso del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, al igual que otros similares en Asia, Europa y África, o entre naciones distantes geográficamente (nuestro país cuenta con 14 tratados comerciales con más de 50 países y otros de protección y complementación económica).

La reciente pandemia global contuvo y suspendió cadenas productivas y de suministro en el mundo, con crisis severas en cada país, cuyos gobiernos han aplicado estrategias para la recuperación. Un efecto del COVID-19 ha sido la necesidad de acotar la globalización económica que implicó menos restricciones y barreras arancelarias, es decir, se operan dos estrategias públicas y privadas: relocalización de inversiones cercanas a polos geográficos de producción y consumo, y aplicación de impuestos o aranceles a importaciones para favorecer producción local y generación de empleo.

El 15 de agosto pasado, a través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía (SE) publicó cambios a la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), donde se establecen impuestos temporales a la importación de mercancías provenientes de países no firmantes en tratados comerciales en que participa México.

Las tarifas varían de 5% a 25% en mercancías clasificadas en 392 fracciones arancelarias respecto a acero, aluminio, bambú, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, cerámica, vidrio, material eléctrico, muebles y otros; la vigencia de dichos gravámenes será dos años, hasta el 31 de julio de 2025. La decisión amplía la decisión del 18 de noviembre de 2022 respecto a las industrias textil, de confección y calzado. Con el aumento arancelario, previsiblemente aumentarán los precios de las mercancías señaladas.

Por lo anterior, se señala la necesidad de impulsar las cadenas productivas de los sectores eléctrico, electrónico, automotriz y de autopartes; además se mantiene el beneficio arancelario aplicable a diversos productos siderúrgicos, sector con una inversión de 3 mil 580 millones de dólares, que genera 700 mil empleos directos e indirectos y exporta a 169 países.

Se argumenta que el propósito es apoyar la estabilidad en la industria nacional y eliminar desequilibrios en el comercio (como posibles desventajas y comercio desleal, como precios por debajo de los costos de materias primas). La estrategia de aplicación arancelaria no incluye productos de la canasta básica, insumos para la salud y bienes de consumo, puesto que la importación de dichos bienes al mercado nacional induce a la contención o reducción de precios, como se estableció en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) de mayo de 2022, para disminuir la inflación, ahora con resultados positivos.

Según la SE, se pretende “brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a todos los sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, permitir la recuperación de la industria nacional, fomentar su desarrollo y apoyar el mercado interno”. Con esta medida se prevé beneficiar a más de 200 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

La defensa a ultranza del libre comercio debe esperar tiempos mejores y las cámaras empresariales avalaron la decisión de política económica del Gobierno federal, con el compromiso de no incrementar precios en cadenas productivas y de distribución locales. Además de este tipo de decisiones, se debe implementar una política industrial integral para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.