ASE: denuncias como nunca, ¿resultados sin precedente?
La Auditoría Superior del Estado (ASE), el órgano técnico del Poder Legislativo de Coahuila responsable de garantizar la adecuada rendición de cuentas, impuso un auténtico récord en 2021: presentó denuncias penales −por presuntos actos
de corrupción− en número sin precedente, con montos observados superiores a cualesquiera otros del pasado.
De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, la institución que encabeza Armando Plata Sandoval solicitó en 79 ocasiones, a la Fiscalía
Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, el ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos a quienes les detectó presuntas irregularidades por un monto de mil 764 millones de pesos.
A primera vista, el dato debería conducirnos a pensar que estamos ante una oportunidad −también sin precedentes− de que se combatan las prácticas irregulares en el ejercicio del gasto público. En otras palabras, el conocer los datos anteriores debiera servir para documentar el optimismo.
Por desgracia, la experiencia aconseja ser extremadamente cautos antes de celebrar de forma anticipada el hecho de que un órgano como la ASE ejerza su facultad de accionar el sistema de justicia penal, pues las denuncias referidas tan sólo vienen a sumarse a las decenas que ya se han presentado en el pasado y que no generan ningún resultado concreto.
Y hay razones para ello: una de las más importantes es la “fórmula” usada por la ASE para presentar denuncias: nunca señala probables responsables de manera puntual, sino que presenta denuncias “en contra de quien o quienes resulten responsables”, lo cual deja un inmenso margen de maniobra para que la resolución de los casos se dé conforme a criterios políticos y no jurídicos.
¿Debería la ASE denunciar a personas concretas? La respuesta está en el tipo de evidencia que se presenta a la Fiscalía Anticorrupción: los resultados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas.
Cuando la ASE detecta un “hecho irregular” este no es difuso sino concreto: hay un contrato, un movimiento bancario, una erogación puntual cuya ejecución no se ajusta a las normas que rigen el ejercicio del gasto público. Y ese hecho concreto fue realizado por individuos concretos cuyos nombres y apellidos la ASE conoce perfectamente.
¿Por qué entonces, en lugar de presentar denuncias “en contra de quien resulte responsable”, no señala a las personas específicas cuya responsabilidad ha quedado evidenciada en el proceso de auditar las cuentas públicas? La respuesta es un auténtico misterio.
Pero lo que no es misterio es el destino de la inmensa mayoría de tales denuncias: salvo el “escándalo” que producen cuando se dan a conocer, y que se va diluyendo con los días, poco o nada ocurre con ellas.
Y frente a tales hechos, sobradamente documentados a estas alturas, poco entusiasmo pueden generar 79 denuncias más que tan sólo contribuyen a elevar la altura del montículo que se acumula, desde hace más de cuatro años, en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.
