Coahuila: quienes habitan en las comunidades rurales, ¿no tienen derecho a la salud?

La protección de la salud, dice el artículo 4 de nuestra Constitución, es algo a lo que “toda Persona tiene derecho”. Y aún más: “la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

En otras palabras, nuestra Constitución, además de reconocer el derecho que tenemos todas las personas a mantenernos en estado de salud -no solamente a recuperarla en caso de enfermedad, lo cual es una distinción importante-, establece que tal derecho debe ser garantizado por las instituciones públicas y, en particular, para quienes no cuentan con seguridad social.

TE PUEDE INTERESAR: Unidades Rurales del IMSS, sin medicamento, sin doctores... y sin certeza patrimonial

Esta última acotación es particularmente relevante para el caso que nos ocupa, pues tiene que ver con el hecho de que la Constitución reconoce el derecho a la salud como uno de carácter universal, es decir, que debe alcanzar absolutamente a todas las personas, independientemente de su condición económica, social, laboral o de cualquier índole.

Esta definición incluye, parece una obviedad señalarlo, a quienes no viven en las comunidades urbanas o cuya residencia se ubica en localidades alejadas o mal comunicadas. En esa categoría se ubican, en el caso de Coahuila, sobre todo quienes forman parte de las comunidades ejidales.

Para garantizar su derecho a la salud históricamente se han establecido programas específicos que, en el caso de nuestra entidad, han dado lugar al establecimiento de 133 instalaciones permanentes -conocidas como centros de salud popular y casas de salud rural- y la habilitación de unidades móviles que visitan con cierta periodicidad las comunidades rurales.

Sin embargo, como lo consignamos en la edición de hoy de Semanario, el suplemento de investigación periodística de VANGUARDIA, la mayor parte de la infraestructura existente para atender la salud de la población rural se encuentra en situación ruinosa.

No hace falta ser particularmente perspicaces para adivinar la razón de tal circunstancia: no se destina el presupuesto necesario para mantener en condiciones dignas las instalaciones físicas, o en operación las unidades médicas móviles.

TE PUEDE INTERESAR: Estado y Muncipio incrementarán inversión en el campo de Saltillo

Quienes tienen a su cargo el sistema de salud pública -a nivel federal y estatal- seguramente ofrecerán una explicación relacionada con la escasez de recursos para atender este rubro de sus obligaciones. Sin embargo, lo que se requieren no son explicaciones detalladas de por qué no se cuenta con la infraestructura suficiente, sino compromisos para que ello ocurra.

Quienes habitan las zonas rurales, en particular los ejidos, están ahí porque el Estado Mexicano les hizo una promesa en el pasado: entregarles la tierra para que la trabajen a cambio de asegurarles no solamente un medio de subsistencia, sino condiciones de vida digna.

Hoy claramente esa promesa está incumplida y lo que cabría esperar son respuestas concretas respecto de cómo se va a corregir tal situación.