El ‘plan B’ de AMLO en materia electoral

Al momento de redactar este texto se discutía en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el contenido del denominado “plan B” del oficialismo y que está orientado a modificar la legislación secundaria en materia electoral, luego de que fracasara su intento de reforma constitucional.

Con alta probabilidad, para cuando usted lea estas líneas se habrán aprobado reformas legales que implican, entre otras cosas, reestructurar al Instituto Nacional Electoral, modificar el calendario de tareas puntuales en la organización de las elecciones y destituir al actual secretario ejecutivo del Instituto.

El rasgo más importante del debate que inició anoche es quizá que nadie tiene claro exactamente qué se está discutiendo porque la propuesta de reformas legales fue remitida al Congreso ayer mismo.

Sin embargo, ante la imposibilidad de hacer avanzar su reforma constitucional, Morena y aliados impusieron su mayoría para acordar la dispensa de todos los trámites legislativos y pasar directamente a la discusión de la propuesta en el pleno.

Sin lectura previa, sin análisis de su contenido, sin dictamen de las comisiones que debieron conocer la propuesta y analizarla con detenimiento... tan sólo porque el oficialismo cuenta con los votos suficientes para imponerse más allá del mínimo razonamiento y de las formalidades esenciales.

Se trata del peor episodio de autoritarismo que hayamos visto en lo que va de la autodenominada cuarta transformación. Y lo es, sobre todo, porque resulta absolutamente innecesario. La “demostración de poder” que ha hecho en el Congreso de la Unión, lejos de retratarle como una fuerza respetable le ha colocado en el papel de facción abusiva que no hace política en democracia sino actividad pandilleril.

¿Estaba por vencerse alguna fecha fatal que impidiera discutir el proyecto de reformas con detenimiento y, al final, de todos modos imponer su mayoría para concretar las reformas propuestas? No.

¿Existe un entorno de crisis o circunstancias apremiantes que obligaran a obviar el trámite legislativo pues de otra forma se actualizarían realidades imposibles de revertir? No.

¿Cuál es entonces la razón de la prisa? Al parecer solamente la grosera intención de dejarle claro a sus opositores –y a los ciudadanos que no comulgan con la 4T– que, llegado el momento el régimen no tendrá empacho ni rubor para usar el poder público de forma autoritaria a partir de una concepción equivocada de legitimidad democrática.

Muchas voces han señalado, a lo largo de los últimos cuatro años, el presunto carácter autoritario del actual gobierno de la República. Lo que hicieron ayer no ha hecho sino dotar de elementos a los críticos para seguir acusando al régimen de no contar con reales vocaciones democráticas.

Y eso que aún no entramos a las consideraciones puntuales de lo que se busca con las reforma que integran el famoso “plan B”, porque ni siquiera ha sido posible leerlo con detenimiento.