Explotación carbonífera, ¿seguirá sin supervisión?

Una de las expresiones más repetidas durante la última semana, a propósito de la inundación del pocito “El Pinabete”, en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, es que la enésima tragedia registrada en la Región Carbonífera se debe, al menos en parte, al abandono de las responsabilidades del Gobierno Federal, en concreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Javier Martínez Valadez,
delegado especial del Sindicato Nacional Minero
en aquella Región, lo dijo ayer
sin ambigüedades: si la STPS hiciera su trabajo, los pocitos no existirían y, por ende, accidentes como el que estamos reseñando no ocurrirían.

Insistir en el señalamiento es relevante porque sólo si se asume que una parte muy importante del problema es la ausencia de supervisión y vigilancia adecuados alrededor de las explotaciones mineras se darán pasos en la dirección correcta.

Por desgracia, como se ha dicho en innumerables ocasiones, más allá de expresar solidaridad y lamentar los sucesos, quienes tienen responsabilidades gubernamentales no parecen interesados en resolver el fondo del problema y eso implica que las tragedias seguirán ocurriendo.

La visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el domingo pasado a la Región Carbonífera pudo servir para que adquiriera esa perspectiva y estableciera un compromiso en relación con la erradicación
de los denominados “pocitos”.
Por desgracia, parece que no
ocurrirá tal.

Y es que ayer, durante su cotidiana conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario realizó un señalamiento que pareciera un reconocimiento explícito de que el Gobierno es incapaz de cumplir su función: “...muchas minas son clandestinas, no hay vigilancia, no se alcanza a tener vigilancia en tantas”, dijo.

¿Por qué no se puede vigilar el 100 por ciento de las explotaciones carboníferas, incluidas aquellas que son clandestinas? El único impedimento para ello tendría que ser de carácter presupuestal, es decir, de dinero para contratar a tantos inspectores como sea necesario. Eso no parece estar fuera del alcance del Gobierno de México.

Basta recordar al respecto que cuando el Presidente se comprometió a rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos aseguró que el dinero no sería ningún problema e incluso presumió el incremento presupuestal que la STPS había registrado.

¿Por qué es posible destinar
los recursos que hagan falta para rescatar los cuerpos de personas que infortunadamente ya no están con vida y no se tiene la misma disponibilidad para proteger a quienes están vivos? Y no se trata de optar entre una acción y la otra, sino de asumir la misma actitud en ambos casos.

Porque, como se ha dicho hasta la saciedad, mientras siga permitiéndose que la extracción de carbón se realice en las condiciones actuales, lo único cierto es que las tragedias seguirán ocurriendo. Y si el obstáculo para modificar esa situación es el presupuesto público, resulta inentendible que no se tome la decisión de inmediato.