La pésima idea de armar a la población

El diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas anunció la presentación de una iniciativa para modificar la Ley de Armas de Fuego, con el objetivo, según él, de facilitar a la ciudadanía la portación de armas para que puedan proteger a sus familias de la delincuencia.

Una vez más vemos a los políticos trabajar para las tribunas y no para impulsar normas y estrategias que permitan disminuir los altos niveles de violencia que ha alcanzado el país, los cuales dan muestra de una sociedad con un profundo deterioro, donde han fallado los modelos de familia, de educación, de lazos comunitarios y sobre todo el mismo Estado.

La violencia que crece con el uso de las armas de fuego es un problema de derechos humanos en México y en el mundo, que amenaza un derecho fundamental: el derecho a la vida. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 3 se establece que: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Las estadísticas sobre la violencia que se ejerce por el uso de pistolas, escopetas, fusiles de asalto y ametralladoras son preocupantes. De acuerdo con datos de la organización Amnistía Internacional más de 500 personas mueren cada día a causa del uso de armas de fuego; el 44 por ciento de los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada; y entre 2012 y 2016, se produjeron un 1 millón 400 mil muertes relacionadas con armas de fuego.

Además la mayoría de las víctimas y de los responsables de la violencia son hombres jóvenes, pero las mujeres están especialmente expuestas al riesgo de violencia con armas de fuego dentro de su círculo familiar o parejas. Las armas de fuego también son un escenario propicio para contribuir a la violencia sexual, resaltó este organismo.

Los Estados tienen la obligación de combatir cualquier amenaza real o previsible para la vida y, por tanto, deben tomar medidas para proteger a las personas de la violencia con arma de fuego. En este sentido, habría que recordarles a los(as) tomadores de decisiones, más a aquellos que proponen normativas, no incurrir en incumplimientos de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, porque estos no se negocian ni son moneda de cambio para ganar votos a favor de los partidos políticos.